CASTELLÓ. La crisis del coronavirus aplaza el acatamiento de la sentencia que condena a la diputada autonómica Cristina Gabarda a pagar 4.380 euros al presidente provincial del PP, Miguel Barrachina, por injurias graves con publicidad. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, establece la suspensión e interrupción de todos los procesos judiciales, entre los que se encuentra la causa del líder popular contra la parlamentaria de Ciudadanos (Cs).
A la exportavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Castelló le quedaban 12 días de plazo para cumplir el auto de la magistrada Beatriz Sarrión, que recoge la ratificación de la Audiencia Provincial sobre la resolución inicial. Según el requerimiento del Juzgado de lo Penal número 4 de Castelló, con fecha 24 de febrero, la penada disponía de un mes a contar desde el 25 para efectuar el desembolso, vía bancaria, tanto de la multa (2.880 euros) como de la indemnización (1.500 euros, más intereses legales).
Además, Gabarda estaba obligada a subir a su perfil de Facebook el fallo "a fin de limpiar el honor" del segorbino "en el mismo lugar en que fue colgado el fotomontaje injurioso".
El origen del litigio se remonta a diciembre de 2015, cuando la entonces diputada provincial, además de concejala, publicó una representación el día 18 en el que aparecía una imagen del presidente del PPCS, tras las rejas de una prisión, vestido de recluso. La ilustración se acompañaba de varios textos, uno de los cuales, con letras rojas y en mayúscula, decía "Miguel Barrachina imputado por corrupción".
El líder provincial interpuso esa misma noche una denuncia ante la policía. Posteriormente, mediante un requerimiento notarial, instó a la dirigente de Cs a difundir una nota de prensa en la que reconociera las injurias, reclamación a la que no accedió.
El 23 de abril de 2019 se celebró la vista oral, en la que la acusada argumentó que había publicado la foto "por descuido" y "sin mala intención". El 17 de mayo el juzgado hizo público el fallo, condenando a Gabarda por un delito que, según los estatutos de Ciudadanos, le obliga a dimitir o a ser destituida.
La ya parlamentaria autonómica recurrió la resolución, hasta que el pasado 24 de enero de 2020 la mentada Audiencia Provincial corroboró el auto, cuya ejecución decretó la magistrada justo un mes después. Durante todo ese tiempo el silencio y el hermetismo se han apoderado no solo de la política castellonense, sino también de la dirección autonómica del partido naranja.
Por su parte, Barrachina ha avanzado que donará los 1.500 euros de la reparación económica a la asociación Fray Luis Amigó de Segorbe.