CASTELLÓN. El cese de la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, se ha ratificado este viernes en la Junta de Gobierno Local, en la que dos concejales de Compromís se han abstenido en un gesto de solidaridad con su compañera de filas. También se ha dado el visto bueno a las nuevas designaciones de competencias que recaen en los ediles de la coalición.
Así lo ha anunciado la portavoz del gobierno municipal, Verònica Ruiz, quien ha alabado la gestión de Brancal a lo largo del mandato y ha señalado que, aunque ya no ostentará ningún cargo, "seguirá trabajando para el municipio que la ha elegido".
En cuanto a las relaciones de Compromís con sus socios de gobierno del PSPV a partir de ahora, ha asegurado que "siempre cambian cuando llegan elecciones", pero ha reiterado que el cese no afectará al Pacte del Grau ni a las políticas del municipio.
Brancal ha asistido a la Junta de Gobierno, pero en la sesión de este viernes ya no ha tenido derecho a voto, al ser cesada de sus funciones por decreto de alcaldía. Los seis miembros del grupo socialista han votado a favor de ratificar el cese en cumplimiento del acuerdo plenario, al igual que el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia. Sin embargo, los ediles de la coalición Verònica Ruiz y Enric Porcar se han abstenido, una decisión que se ha tomado en el seno del grupo municipal como "gesto de apoyo" a su compañera, según ha explicado Ruiz. De esta manera, Compromís acata el acuerdo plenario del pasado 20 de diciembre mostrando a la vez su disconformidad.
Desde este viernes, por tanto, Garcia es el nuevo vicealcalde de Castellón y concejal de Participación Ciudadana, además de presidente de Reciplasa y miembro del consejo del puerto de Castellón. Ruiz asume las competencias de Igualdad y la portavocía adjunta del grupo y Porcar toma el relevo en Vivienda. Por su parte, Brancal queda como concejala rasa, ya que el Código de Buen Gobierno establece el cese de funciones, pero no obliga a renunciar al acta de edil.
Cabe recordar que la ya exvicealcaldesa está siendo investigada por un presunto delito de malversación a raíz de una querella del PP por el supuesto envío de papeletas electorales de Compromís en 2014 a través del servicio de correo municipal. El pleno del pasado mes de diciembre aprobó aplicar a Brancal el código ético, que ordena el cese de funciones en caso de imputación por delitos de corrupción.