Una firma francesa y otra china impulsan en la provincia una planta solar del tamaño de Vila-real
Una firma francesa y otra china impulsan en la provincia una planta solar del tamaño de Vila-real
CASTELLÓ. No está todo dicho en cuanto a la macroplanta solar Magda, de casi 5 millones de metros cuadrados y que una empresa francesa y otra china tramitan en los términos municipales de les Coves de Vinromà -fundamentalmente-, Benlloc y Cabanes. Y es que los dos informes de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ponen reparos al proyecto.
En concreto, se trata de los estudios de Paisaje y Territorio, que la conselleria ha emitido a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es el competente a la hora de formular la declaración de impacto ambiental. Así, aunque los informes de la Conselleria no son vinculantes, la directora general de Política Territorial i Paisatge, Rosa Pardo, señala que el Ministerio "tiene que atender a todos los informes que tenga".
En este sentido, Pardo estima que, una vez recibidas las alegaciones de la Generalitat, lo más normal es que el gabinete de Teresa Ribera se las traslade a los promotores de la macroplanta y estos devuelvan el proyecto modificado... sobre el que deberá pronunciarse de nuevo la conselleria.
Una firma francesa y otra china impulsan en la provincia una planta solar del tamaño de Vila-real
De esta manera, como mínimo el proyecto sufrirá retrasos en su tramitación, lo que puede ofrecer a los ayuntamientos, a la propia Diputación provincial -que se ha postulado de forma unánime en contra-, así como a los movimientos vecinales que han surgido, nuevas oportunidades para intentar paralizar la instalación, de 150 megavatios de potencia pico.
De momento, para la conselleria, la macroplanta "no es compatible con las cuestiones territoriales" que la Administración autonómica plantea en la zona, señala Pardo. Y es que, por ejemplo, "afecta a áreas críticas para la recarga de acuíferos", apunta la directora general. Así, "aunque las placas no sellan el suelo, la afección a la infiltración del agua puede ser relevante", añade.
Asimismo, los dos informes de Política Territorial determinan "la incompatibilidad absoluta" del proyecto en la superficie que prevé en Benlloc, ya que el suelo está protegido por el Ayuntamiento a través del Plan General, asegura Pardo. "Se ubicaría en la zona de más valor de todo el término municipal", añade.
En cuanto a lo que los grupos Akuo y Premier plantean en les Coves de Vinromà, donde ubicarían la mayor parte de los casi 259.000 paneles solares previstos, la directora general de Política Territorial i Paisatge apunta que existen "indicios de que la planta no es suficientemente respetuosa" con la zona.
En este sentido, indica que los estudios elaborados para incluir en el Plan de Acción Territorial de Castelló, que finalmente no ha entrado en vigor, marcan que la zona tiene "un valor de conservación importante", por lo que ubicar un proyecto de este tamaño contravendría dichos informes.
Asimismo, en lo referente a la línea eléctrica de muy alta tensión con la que sus promotores prevén conectar el parque solar -desde les Coves de Vinromà- con la subestación de destino, en Almassora, en la conselleria consideran que sus 52,7 kilómetros son "demasiados".
En lo que se refiere a otro de los proyectos de energías renovables en tramitación en la provincia, y sobre el que también debe informar Política Territorial, el de la planta Arada Solar, que promueve Solarcentury en los términos municipales de Xilxes, la Vall d'Uixó y Moncofa, desde la Generalitat estiman que, con el objetivo de primar "el conocimiento del territorio ante un proyecto tan grande" (la planta es igual a Magda, con 150 MW de potencia pico) han propuesto a los ayuntamientos y al propio Ministerio de la necesidad de que aquellos implementen "algún instrumento de planificación". Este puede ser una modificación del Plan General, una Declaración de Interés Comunitario o cualquier otro.
Falta por ver si el Ministerio acepta esta propuesta como un requisito para desarrollar un proyecto ante el que, por otra parte, los municipios ya han tratado de blindarse o al menos de ganar tiempo, ya que han suspendido durante dos años la concesión de licencias para instalaciones de energías renovables.