La rehabilitación del edificio de Borrull: cinco años atascados en la misma casilla de salida

CASTELLÓ. La rehabilitación del edificio de Borrull se ha convertido en un serial por etapas. El proyecto que imaginó la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, en 2015 muy poco tiene que ver con el actual. La evolución ha ido en consonancia con los contratiempos administrativos surgidos en la Generalitat Valenciana, que se han multiplicado con el paso del tiempo, lo que ha provocado que cinco años después se esté prácticamente en la misma casilla de salida.

Hay que remontarse a 2016 para entender mejor esa metamorfosis. En concreto, al 11 de junio, día en que la primera munícipe se reunía con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, para abordar, entre otros temas, el futuro de los antiguos juzgados, en desuso desde 2006, cuando se inauguró la Ciudad de la Justicia en el PAU Gumbau.

En aquella cita, la alcaldesa expuso cómo concebía el inmueble y qué afección tendría sobre la casa consistorial de la plaza Mayor. Borrull centralizaría los servicios públicos, incluidas las dependencias de los partidos políticos, así como aglutinaría otros negociados repartidos en diferentes locales. Esa redistribución permitiría un ahorro importante en alquileres para las arcas municipales.

Fruto de la sintonía entre administraciones se acordó constituir una comisión mixta para estudiar la cesión del bloque. La reforma supondría una inversión de 12 millones de euros, que asumiría el consistorio en su totalidad.

Las obras, en 2018

Diez meses después de aquel encuentro, a principios de abril de 2017, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, desvelaba que las obras arrancarían en 2018 y que servicios sociales ocuparían un amplio espacio dentro de la distribución de áreas, sin entrar en más detalles. El 10 de noviembre del mismo año se volvía a referir a la restauración y avanzaba que la puesta en marcha del renovado inmueble sería una realidad en 2019. A pesar de los reiterados anuncios, el proyecto siguió estancado.

Con la nueva legislatura recién estrenada, se producía un ostensible cambio respecto al planteamiento inicial sobre Borrull. Así lo advertía Puig en su primera visita a Castelló el 26 de junio de 2019 tras las elecciones municipales del 26M. Por un lado, señalaba que el presupuesto de la rehabilitación se incrementaría en 4,8 millones para elevarse hasta los 16,8. Por otro, afirmaba que la construcción se destinaría exclusivamente para servicios sociales, tanto de carácter autonómico como municipal.

El problema con la figura jurídica

El sobrecoste en relación a la inversión de partida no era el único contratiempo que ponía en alerta al Ayuntamiento. El anquilosamiento del convenio echaba por tierra las previsiones de apertura, ya que el nuevo horizonte se situaba en 2022.

Sin embargo, el verdadero problema se reveló tiempo después al conocerse que los servicios jurídicos de Hacienda continúan sin encontrar la figura legal que permita encarar la licitación. Considerando que este último trámite se alargará alrededor de siete meses y que luego le seguirá la adjudicación, la enésima fecha de finalización de las obras podría tampoco cumplirse, habida cuenta que el proyecto estipula un plazo de ejecución de 22 meses.