La retirada de la cruz de Ribalta cogerá velocidad en agosto con la resolución de las 170 alegaciones

CASTELLÓ. La retirada de la cruz de Ribalta podría coger velocidad a finales de agosto. Fuentes municipales señalan que a partir de esa fecha deberían remitirse las primeras notificaciones con las resoluciones de las 170 alegaciones formalizadas, una vez expirado el plazo de tres meses para su análisis. Ese intervalo de tiempo arrancó el 21 de mayo, cuando concluyó la exposición pública del nuevo procedimiento para que los interesados pudieran registrar sus escritos, bien a favor, bien en contra.

Del total de alegatos presentados, 115 defienden la necesidad de aplicar la Ley de Memoria Democrática para trasladar el monumento a otra ubicación por su naturaleza franquista. El resto (55) considera que debe respetarse el actual emplazamiento, ya que resaltan que se trata un símbolo de carácter religioso. Así lo entiende Abogados Cristianos, colectivo que amenaza con emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Castelló en el caso de proceder a la eliminación del lábaro.

En este sentido, la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, insiste en que no existe un acuerdo como tal con el Obispado para que custodie la cruz. Sin embargo, las mismas fuentes municipales sostienen que en el encuentro celebrado el pasado 26 de junio entre la concejala de Memoria Democrática, Verònica Ruiz, y el vicario general, la Diócesis Segorbe-Castelló mostró su interés por hacerse cargo del monumento. De hecho, ambas instituciones enviaron sendos comunicados en la misma línea.

Según explicó la propia Obispalía, "ante la decisión inamovible" del Acord de Fadrell de desmontar la escultura, sin dar "opción a la negociación", se ofreció a acoger el símbolo latino en un ámbito diocesano. Esa voluntad quedó sujeta a la ejecución del expediente. Dicho de otra manera, a la culminación del proyecto de Ribalta, que implica retirar la figura para recuperar el jardín con especies autóctonas.

Posiciones enfrentadas

Tanto la Diócesis como Abogados Cristianos y el PP son contrarios a eliminar la cruz al señalar que la figura se redignificó en 1979 en recuerdo de las víctimas de la violencia. No obstante, la Dirección General de Calidad Democrática opina lo contrario y se reafirma en que representa un vestigio de la represión franquista. Ya lo señaló en 2017, cuando el entonces Pacte del Grau inició el primer procedimiento de derribo, y lo volvió a indicar hace escasos meses (en concreto, en abril) a través de un nuevo informe.

En el escrito, la administración autonómica recalca que "la cruz se erigió por acuerdo del Ayuntamiento en 1944, dedicándose a los caídos por Dios y por España. Por tanto, en su origen claramente fue un momento de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura. [...] El monumento sigue siendo en la actualidad [...] un punto de concentración para la exaltación del franquismo en fechas concretas". En consecuencia, "no constituye un lugar de historia y tampoco tiene valor artístico".

En efecto, de acuerdo con la ley 14/2017, de 10 de noviembre de la Generalitat, se insta al consistorio a "proceder a la retirada de la cruz, mediante la autorización de la Conselleria competente en materia de patrimonio cultural, teniendo en cuenta que este símbolo se localiza en un parque público declarado de Bien Interés Cultural (BIC)".