La reversión de la competencia con Penyeta Roja permite a la Diputación un ahorro de 1,6 millones

CASTELLÓ. La Diputación de Castellón aspira a economizar más de 27 millones de euros con la reversión de competencias impropias antes de acabar la actual legislatura. La supresión de Penyeta Roja supone el punto de partida para desprenderse de aquellas instalaciones (el Hospital Provincial y la Escuela Taurina serían otros ejemplos) cuya gestión y sostenimiento corresponden a la Generalitat Valenciana.

Solo las tres infraestructuras, y atendiendo al último presupuesto sin una situación tan excepcional como la covid-19 (ejercicio 2019), sumaron más de 26 millones de euros en el capítulo de gastos: 1,6 millones en el caso del centro de menores, 25 millones por lo que respecta al complejo hospitalario y 240.000 euros para la academia taurómaca.

La revisión de todos aquellos servicios y partidas propios de otras administraciones forma parte de los compromisos adquiridos por el PSPV y Compromís en el acuerdo de gobierno tras las elecciones del 26M. En consecuencia, la devolución de Penyeta Roja a la vicepresidencia de Igualdad y Políticas Inclusivas marca el camino a seguir en los próximos meses (y años), siempre con el objetivo de aliviar financieramente a la Diputación para centrarse en las políticas sostenibles de reactivación de los pueblos.

Las competencias inherentes a las entidades provinciales están recogidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Según el artículos 36, implican desde la coordinación de los servicios municipales entre sí, pasando por la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica, hasta la prestación de servicios públicos de carácter supracomarcal.

También resulta de obligado cumplimiento para las diputaciones la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social, así como la colaboración en la prestación de la recaudación tributaria y de servicios en localidades con una población inferior a 20.000 habitantes.

Recordatorio en la Junta de Portavoces

A finales de mayo, Compromís planteó en la Junta de Portavoces la necesidad de reexaminar las competencias impropias. El portavoz de la coalición valencianista, Ignasi Garcia, argumentó que las facultades vinculadas a otras administraciones "solo pueden ejercerse cuando no ponen en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria". Por lo tanto, "hay que evitar poner en peligro no solo el equilibrio económico de la institución supramunicipal sino también los servicios básicos que está obligada a prestar por ley", subrayó.

No es la primera vez que el socio de gobierno del PSPV advierte sobre la conveniencia de soltar lastre competencial. En las negociaciones de junio de 2019, una vez se constató que una alianza progresista desbancaba al PP, incidió mucho en la necesidad de acabar con el modelo heredado de las épocas de Javier Moliner y Carlos Fabra como presidentes, algo en lo que coincidió también el partido socialista con vistas a abrir una nueva etapa con José Martí.