Fotos: EFELos habitantes de Castilla y León le tienen alergia al Estado autonómico. Más o menos un tercio querrían que se eliminasen las autonomías y volviéramos a un Estado unitario, totalmente centralizado. Entre los que no llegarían tan lejos, otro 5% quiere que se reduzcan las competencias asignadas a la comunidad autónoma. Así que la convocatoria de elecciones anticipadas en Castilla y León generará en sus votantes, a buen seguro, cierta desazón: ¿ir a votar, por primera vez, sin el paraguas de las municipales y de las autonómicas en otras regiones españolas? ¿Pero esto qué es, Hondarribia?
Y, sin embargo, adelantar elecciones para efectuarlas en solitario tiene un indudable valor en términos de marketing y visibilidad. Durante más de un mes, la atención mediática ha estado centrada en Castilla y León (sin ir más lejos, miren de qué estamos hablando aquí). Si la cosa dependiera del consejero, director general o lo que sea que esté encargado del Turismo de la comunidad, el adelanto electoral tendría siempre un interés indudable. Sobre todo, en un contexto político como el actual, en el que la pandemia ha puesto muchas cosas en solfa y la situación en los distintos partidos del arco parlamentario, tanto en la derecha como en la izquierda, genera continuo movimiento e incertidumbre.
Hace un año, las elecciones catalanas dejaron en la cuneta tanto a Ciudadanos como al PP, pero el adelanto electoral madrileño, tres meses después, le dio la vuelta a la tortilla. Desde entonces, la estrategia política del PP busca aprovechar el tsunami de Isabel Díaz Ayuso en Madrid para reproducirlo en España, por la vía de presionar por tierra, mar y aire con una oposición durísima (y también desbocada) y también a través del uso estratégico de las elecciones pendientes antes de la cita electoral de 2023 (municipales y autonómicas), en las que cabría esperar que los resultados también beneficiasen al PP. Todo ello, sin perder de vista el gran objetivo de los populares, que es, más incluso que llegar a la Moncloa, librarse de la competencia en su espacio político: primero Ciudadanos, después Vox (lo cual, a su vez, sería el mayor aval posible para recuperar el poder en España).
Inicialmente, el único adelanto electoral que se atisbaba en el horizonte era el de Andalucía, donde las encuestas vaticinan un vuelco en el que el PP vendría a ocupar el espacio hegemónico del PSOE andaluz, comiéndose (como en casi toda España) a Ciudadanos. Pero este es un adelanto que no resulta imprescindible, porque en todo caso las elecciones andaluzas tendrán lugar, como muy tarde, a finales de este año, antes del ciclo electoral de 2023 (municipales, autonómicas y generales).
Es en este contexto en el que el PP nacional vio la oportunidad de provocar otro adelanto electoral que potenciase su estrategia para hacerse con el espacio de Ciudadanos y, en paralelo, contener la peligrosa competencia de Vox: Castilla y León, una comunidad autónoma fundamentalmente conservadora donde los cantos de sirena del "ultraísmo" de Vox tal vez chirríen más que en Madrid, Murcia o Andalucía (por modernos y estridentes). Y además, una victoria inapelable del PP de toda la vida, el que lleva mandando en Castilla y León desde tiempos inmemoriales, también dejaría descolocada a Isabel Díaz Ayuso y sus peligrosas ambiciones por ser "aspirante a Califa en lugar del aspirante a Califa" Pablo Casado.
Parecía muy buena idea, pero como todo el mundo sabe ningún plan perfecto resiste mucho tiempo el contacto con la realidad. Desde que se convocaron las elecciones se acumulan las malas noticias para Pablo Casado y los suyos. La peor de todas, el ridículo de la votación de la reforma laboral, donde el pucherazo involuntario de la mano derecha de Teodoro García Egea desbarató el enésimo espectáculo de tránsfugas de la política española. Pero también el progresivo deterioro del discurso de Pablo Casado, siempre hiperactivo y necesitado de generar titulares, aunque le dejen en ridículo, como su posición de paladín de la... ¿democracia? No: paladín de la remolacha frente a quienes la atacan, sean éstos quienes fueren.
Tampoco es que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, se haya lucido en la campaña y, en particular, en los debates (donde los candidatos de PSOE y Ciudadanos le han hecho una pinza que recuerda a los tiempos de Aznar y Anguita). Por otra parte, esos molestos votantes de la España Vacía que buscan utilizar la política para defender sus intereses han aflorado con mucha fuerza en Castilla y León, que como es sabido es casi íntegramente España Vacía. Con todo ello combinado, las encuestas han comenzado a renquear respecto de las grandes expectativas generadas por el propio PP en un principio, que hablaban de mayorías absolutas, o casi. Ahora hablan de investidura con la abstención de Vox, en el mejor de los casos; resignarse a gobernar con Vox, en el más probable; y, en el peor de los casos, escenario de pesadilla, ni eso. Que PP y Vox sumen menos que todos los demás, y quizás el PP pierda una autonomía en la que mandaba con cierta comodidad por un adelanto electoral mal calibrado.
Ante este escenario, al PP no le ha quedado otro remedio que llamar a su principal activo electoral: la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra quien se convocaron estas elecciones en un principio. Ayuso ha estado muy activa en campaña, pero con mensajes y prioridades que, lógicamente, responden a sus intereses, no a los de Pablo Casado (por ejemplo: ella no ve ningún problema en pactar con Vox, cosa que da por hecho que sucederá), así que su efecto en las elecciones también suscita muchas incertidumbres.
La parte buena de esta situación es que también es una llamada a la participación por parte de los votantes conservadores en Castilla y León, frente a unas elecciones que, por ser autonómicas, eso que no sirve para nada y deberían gobernarnos desde Madrid (algo que, recuerden, opina el 35% de la población, porcentaje que asciende mucho más en el caso de los simpatizantes de PP y Vox), podrían tener una tasa de abstención históricamente alta. Y que, una vez cambiado el foco de la gestión de expectativas, si al final el PP conserva el poder, incluso pactando con Vox, tampoco habrá perdido tanto (sobre todo, si Ciudadanos desaparece): sólo habrá cambiado a un socio en la derecha por otro, aunque este último se ubique en la extrema derecha.
Además, si se consuma el desastre, Pablo Casado siempre puede aducir que los que votaron a otros partidos se equivocaron y en realidad querían votar al PP; ya se sabe estos sistemas informáticos, qué problemas dan.
