Instalación de las estaciones en la plaza Santa Clara a principios de enero. Fotos: Antonio PradasCASTELLÓ. La monitorización de las tascas entra en estado de letargo a consecuencia del coronavirus. La suspensión sine die del contrato para realizar las mediciones supone una inesperada, e insalvable, piedra en el camino para salir cuanto antes de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS).
Acorde a lo que establece el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, el Ayuntamiento de Castelló interrumpe el servicio ante la imposibilidad de cumplirlo, y eso obliga a revisar la hoja de ruta marcada tras la instalación de siete estaciones entre las calles Barracas, Isaac Peral y Vera y la plaza Santa Clara a finales de enero.
Sin resultados para verificar la evolución mientras dure el actual estado de alarma, el tiempo juega en contra de los empresarios. Activados los sonómetros en febrero, coincidiendo además con una campaña de sensibilización ciudadana, el consistorio manejaba un primer plazo de tres meses para garantizar la supervivencia de los locales. Así, siempre que se hubiese acreditado en ese intervalo un descenso progresivo de los decibelios diurnos y nocturnos, se habría planteado la posibilidad de proteger las tascas como espacio gastronómico en base a criterios técnicos y jurídicos.
Esa declaración hubiera marcado un antes y un después por varios motivos. Primero, por la tranquilidad para los propios propietarios de los establecimientos. Segundo, por la constatación de que las medidas correctoras impulsadas en 2018 sí han contribuido a reducir la saturación acústica en estos años. Tercero, por la positiva respuesta de la clientela a propósito de la citada campaña de concienciación. Además, los primeros datos de la monitorización hubiesen servido de diagnóstico con vistas a conocer la situación real del ruido en la zona y hasta qué punto sería posible iniciar la tramitación para eliminar la ZAS en unos años.
Sin embargo, todas esas previsiones se convierten en castillos en el aire con la cancelación. No obstante, cuando se reanuden las mediciones, no se partirá de cero, ya que las evaluaciones obtenidas hasta el estado de alarma se contabilizarán en el periodo del contrato, cuya duración alcanza un año.
Es decir, la empresa adjudicataria, Acústica y Telecomunicaciones SL (Acusttel), no tendrá que esperar 12 meses para presentar su informe. El tiempo será menor, aunque bien es cierto que la actual emergencia condicionará por completo la ejecución del servicio.
En este sentido, desde el Ayuntamiento de Castelló se aclara que aquellos expedientes que sean suspendidos total o parcialmente, a solicitud del contratista y debidamente acreditado, previo informe del responsable del contrato, se determinará la posible indemnización de daños y perjuicios que pudieran corresponderle en los términos del artículo 34 del RDL. 8/2020. Conceptos indemnizables son gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinario del contrato durante el periodo de suspensión; gastos por mantenimiento de garantía definitiva, alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato; y gastos derivados de pólizas de seguro.
Durante la situación de crisis sanitaria se registraron casi 14 millones de contagios y más de 122.000 muertes, de las cuales un 8,65% se produjeron en la Comunitat Valenciana
