CASTELLÓ. La Generalitat Valenciana cambia de estrategia con los 121 pisos públicos reservados a los jóvenes en la zona de Censal en Castelló. Tras haber quedado el concurso desierto hasta en dos ocasiones por falta de licitadores (en julio y septiembre), la Conselleria de Vivienda introduce significativos cambios en las condiciones del contrato para sacarlo por tercera vez en noviembre y asegurarse el éxito de la convocatoria.
La modificación más sustancial afecta a la empresa responsable de materializar las VPP. Hasta ahora, siempre se había obligado a la adjudicataria a buscar un partner (fondo de inversión, por ejemplo) para gestionar el alquiler de las moradas. Así se recogía en el pliego de prescripciones técnicas y administrativas del proyecto. Esa exigencia suponía un obstáculo insalvable para las constructoras locales, ya que ninguna posee en su entramado corporativo una división tan especializada.
Sin embargo, el nuevo expediente que está a punto de licitarse elimina el imperativo del arrendamiento y solo contempla la opción de la venta para las viviendas. En efecto, como si se tratara de un proyecto impelido por cualquier mercantil del sector privado, que únicamente se dirige al Ayuntamiento para solicitar las pertinentes autorizaciones urbanística y medioambiental.
La letra pequeña del contrato solo incluye un condicionante para la constructora. De los 121 pisos, un 15% deberá entregarse a la administración autonómica. Esta podrá, bien incorporar esas moradas a su bolsa destinada al alquiler joven, bien cederlas al consistorio para que las emplee según su conveniencia.
Incluso, existe hasta la posibilidad que dentro de la fórmula del préstamo se haga una permuta con la propia empresa, de manera que las VPP en realidad se ubiquen en otra zona de la ciudad donde cuente hogares similares y con una mayor necesidad social por parte del municipio. Sin ser el caso, un ejemplo podría corresponder a la zona del Barranquet, barrio en el que el Ayuntamiento posee 12 pisos destinados al alquiler social.
Las 121 viviendas de la zona de Censal se proyectan sobre dos parcelas situadas en la calle Riu Llobregat, cedidas meses atrás por el consistorio a la Conselleria para integrarse en los lotes del Plan Vive de la Comunitat Valenciana. La primera tiene una extensión 2.945,08 metros cuadrados y se plantea la ejecución de un residencial con 82 viviendas. Se trata de hogares de 1, 2 y 3 dormitorios en planta baja y en las 6 plantas superiores. El coste estimado asciende a 10,2 millones de euros, de los que 3,5 proceden de ayudas europeas.
El segundo solar, de 1.727,46 m2, recoge la construcción de 39 moradas y sus correspondientes plazas de parking. Los pisos son de 1, 2 y 3 dormitorios, también con superficies que entre 50 y 80 metros cuadrados. El coste de la obra se eleva hasta los 4,9 millones de euros, de los que 1,6 millones son fondos europeos.
Fuentes consultadas señalan que el cambio en las condiciones de las VPP sí que resulta atractivo para las constructoras locales, algunas de las cuales ya se han mostrado interesadas en concurrir a la licitación una vez el contrato aparezca en la plataforma de Contratación del Estado. Las mismas fuentes recalcan que, aunque desaparece el régimen de alquiler, se mantiene la obligatoriedad de que las moradas se deban destinar exclusivamente a los jóvenes.