CASTELLÓ. El inicio del curso político en Castelló representa para el tripartito el comienzo de una legislatura apasionante. Nunca antes un equipo de gobierno se había enfrentado a desafíos tan determinantes y transformadores para la ciudad. Los deberes del Acord de Fadrell marcarán un punto de inflexión respecto a la concepción actual de metrópoli abierta, sostenible, integradora y plural.
Los cometidos del PSPV-PSOE, Compromís y Podem se fundamentarán en cuatro pilares básicos: Plan General, cobro del IBI a la Iglesia, edificio de Borrull y Cruz de los Caídos. Bien es verdad que habrá otras cuestiones de enjundia, como la segunda fase de las exhumaciones, los presupuestos de 2020 o la nueva fiscalidad, pero lo cierto es que el futuro de la capital de la Plana vendrá condicionado por esos cuatro puntos programáticos.
El Plan General, cuya parte estructural está pendiente de la evaluación ambiental de Conselleria, será una realidad antes del ecuador del mandato. O, al menos, esa es la pretensión del equipo de gobierno. La parte de ordenación pormenorizada, que entra más al detalle sobre el diseño de los barrios, culminará un largo camino iniciado en 2017.
No menos importante resultará para el Ayuntamiento de Castelló consumar una pretérita reivindicación como es la rehabilitación del edificio de Borrull, propiedad de la Generalitat. Los arquitectos e ingenieros municipales, que se han esmerado en agosto por completar la revisión del proyecto, elevarán el informe técnico a la Junta de Gobierno Local para su aprobación en octubre, como muy tarde. A partir de ese momento, se aligerarán los trámites administrativos con la redacción del convenio de cesión del inmueble y las posteriores licitaciones y adjudicaciones. Todo para que la reforma cumpla el plazo previsto de 2022.
También octubre tendrá una especial incidencia en lo que se refiere al litigio del consistorio con la Asociación de Abogados Cristianos por el derribo de la Cruz de los Caídos. El tripartito confía en el que Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anule la paralización decretada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Castelló y autorice la eliminación del símbolo franquista en el parque Ribalta.
La orden de ejecución firmada por parte de la concejala de Memoria Democrática, Verònica Ruiz, supondrá la cuenta atrás para acometer las obras, que implicarán no solo el derribo del vestigio, sino también una integración paisajística para enriquecer el mosaico arbóreo y arbustivo del pulmón verde de la ciudad.
En los próximos meses el Ayuntamiento también dispondrá del inventario de los 39 edificiaciones de la Iglesia para hacer efectivo el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Recogido en el punto 85 del Acord de Fadrell, la aplicación de la medida permitirá al tripartito cumplir su compromiso de objetividad fiscal, siguiendo el ejemplo de otras ciudades con ayuntamientos progresistas, como València.
Estos cuatro deberes afectarán de una manera tangible a la ciudad. Sin embargo, otros retos, aparentemente intangibles, pondrán a prueba la fortaleza y solidez del tripartito. Por ejemplo, la aprobación de las cuentas para el siguiente ejercicio, así como la nueva fiscalidad. En el pasado, las negociaciones entre el PSPV y Compromís con su socio de gobierno, Castelló en Moviment (CSeM), resultaron tensas y hasta agrietaron sus relaciones. Valga como ejemplo lo sucedido en octubre de 2015, cuando la formación asamblearia tumbó la reforma fiscal al dejar en minoría al bipartito. Su voto en contra, alineándose con el PP, provocó la primera fricción.
Ahora, con Podem integrado en el equipo de gobierno, su postura será muy distinta en aquellos asuntos que requieran de un diálogo y consenso de las fuerzas de gobierno. Tampoco los socialistas, con su amplia mayoría de 10 concejales, estarán en la misma posición que en el anterior mandato. No en vano, su hegemonía ya quedó acreditada en el reparto de concejalías y tenencias de alcaldía.