Los plazos se comprimen con la reforma del edificio de Borrull: la licitación entra en su recta final 

CASTELLÓ. La licitación de la reforma de Borrull encara su recta final. Sin haber trascendido las puntuaciones obtenidas por las 13 concurrentes en la fase de baremación de las propuestas técnicas, la Mesa de Contratación de la Conselleria de Hacienda, como entidad adjudicataria del proyecto, abrirá este miércoles, 13 de enero, las plicas con los criterios económicas. Doce mercantiles y una Unión Temporal de Empresas (UTE) pujan por el contrato de 18,1 millones de euros, cuya ejecución se alargará hasta 2023.

El concurso público arrancó el 9 de noviembre de 2020 con la publicación del pliego de prescripciones técnicas y administrativas. El 7 de diciembre se cerró el plazo de presentación de ofertas, conociéndose el listado de las interesadas el 10. Todas, grandes constructoras autonómicas y nacionales. Algunas, incluso, con presencia en el extranjero. Entre ellas, las castellonenses Gimecons-Ecisa y Becsa SA. Ese mismo día se procedió a revisar la documentación administrativa de cada una de las participantes para verificar su correcta tramitación. Completada esta fase, menos de una semana después, el 16, empezaba la verdadera valoración, que culminará en las próximas semanas, cuando se hagan públicas las calificaciones definitivas con la suma de los distintos sobres.

Hacienda tendrá que acelerar los tiempos acerca de la resolución final para garantizar el cumplimiento de las previsiones. Así, la pretensión de la Generalitat pasa por culminar la obra civil a finales del primer trimestre de 2023 o principios del segundo, justo antes del inicio de la campaña electoral de las autonómicas, que se celebrarán un mes antes (abril) que las municipales (mayo) después del cambio de fechas en 2019. Entonces, se hizo coincidir los comicios regionales con las Generales.

La financiación plurianual

La empresa o UTE adjudicataria dispondrá de un plazo de 22 meses para ejecutar el proyecto, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 18,1 millones de euros (impuestos incluidos). Para 2021, la Generalitat ya ha previsto una consignación económica de 3,3 millones de euros, aunque esa cantidad podría variar ostensiblemente a lo largo del año en función del ritmo de los trabajos. Según la modificación del gasto plurianual aprobada por el Consell el 23 de octubre de 2020, el límite de crédito alcanza los 8,1 millones de euros. Esa cuantía se dispara hasta los 13,7 millones en 2022, mientras que para el último ejercicio se contemplan 2,2 millones de euros.

Aunque la suma del compromiso de las anualidades asciende a 24 millones de euros, eso no significa necesariamente que la rehabilitación se vaya a encarecer por imprevistos. Por ejemplo, a consecuencia de un mayor deterioro de lo que inicialmente se pensaba respecto al estado de Borrull. En este sentido, y de forma generalizada, el edificio muestra daños estructurales en paredes, techos y suelos, tales como lesiones derivadas de filtraciones. Las roturas y fisuras son apreciables en todas los niveles. Asimismo, la inmensa mayoría de columnas y vigas ofrecen significativos desperfectos, sobre todo por la expansión de las grietas.

Los antiguos juzgados de Castelló se ubican sobre una parcela dotacional como suelo urbano de 1.660 metros cuadrados y permanecen en desuso desde 2006. El cierre se produjo con motivo de la inauguración del nuevo Palacio de Justicia ubicado en el PAU Gumbau. El traslado del personal funcionariado dejó completamente deshabitada la construcción, que ocupa una manzana completa y que se levantó en 1970. Esto quiere decir que tiene una antigüedad de 50 años.

Cabe señalar que la recuperación del edifico para darle un nuevo fin representa una pretérita reivindicación del Ayuntamiento de Castelló, independientemente del signo político del equipo de gobierno. Sea como fuere, la posibilidad de emprender una rehabilitación no se planteó como algo real hasta 2016, cuando la alcaldesa, la socialista Amparo Marco, y el conseller de Hacienda, Vicente Soler, constituyeron una mesa de trabajo. La declaración de intenciones se convirtió tiempo después en un anteproyecto, valorado en 12 millones de euros.

Sin embargo, la materialización de la reforma en un proyecto sufrió una ralentización con el paso de los años, lo que también provocó cambios no solo en las características, sino también con el modelo de financiación. Los continuos vaivenes demoraron el concurso público, hasta que el pasado verano el president, Ximo Puig, anunció la fórmula definitiva para iniciar la tramitación de la licitación a partir de septiembre.