VALÈNCIA. Tras casi una década de reivindicaciones, manifestaciones y procesos inconclusos, parece que la reforma del sistema de financiación puede entrar en la agenda política nacional. Eso sí, de ocurrir, la palanca de cambio decisiva para un nuevo sistema no será el importante esfuerzo de los distintos gobiernos valencianos de los últimos años y de la sociedad civil que respaldó estas reivindicaciones, sino la coyuntura aritmética necesaria para que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa. Y en esa aritmética están las fuerzas independentistas catalanas Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
"La reforma del sistema de financiación autonómica es una urgencia que tenemos que presentar y que está en nuestro programa electoral para abordarlo durante esta legislatura", señaló este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en el programa La hora de la 1, de RTVE. Toda una declaración de intenciones que llega, precisamente, horas después de que saltara a los medios la posibilidad de que en la negociación con los partido catalanes se incluyera una condonación de parte la deuda y la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente de revisión desde el 1 de enero de 2014.
Es cierto que estas palabras -o similares- de Montero se han escuchado en otras ocasiones en respuesta a interpelaciones valencianas, como las dedicadas al durante doce años portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, o incluso al propio expresidente de la Generalitat, el también socialista Ximo Puig. Pero ahora, por el contexto actual, suenan diferente y más próximas a la realidad, especialmente si se integran en una negociación por el voto para una investidura.
Echando la vista atrás, mucho ha llovido desde que Sánchez, en la moción de censura de 2018 que le condujo a la Presidencia del Gobierno, rechazó que fuera a reformar el sistema de financiación si llegaba a La Moncloa al no existir "mimbres" para ello. De cara a su siguiente mandato, sí abrió la posibilidad de avanzar en esta cuestión: de hecho, y aunque tarde -la pandemia influyó-, la ministra Montero presentó un 'esqueleto' para el nuevo modelo a finales de 2021. La autonomías, entre ella la valenciana, presentaron sus alegaciones para avanzar en la propuesta final, pero de nuevo se congeló el proceso hasta la confirmación del carpetazo. En este tiempo, Montero alegó como excusa la falta de un gran acuerdo entre PSOE y PP para avanzar en la reforma.
Sin embargo, ahora parece que se disipan las dudas y la reforma del sistema de financiación e incluso la revisión de la llamada 'deuda histórica' pueden pasar ser una prioridad. Ahora bien, no llueve a gusto de todos con la maniobra de Sánchez que se cierne sobre la negociación con los partidos de Cataluña: de hecho, se esperan discrepancias entre las Comunidades Autónomas, más aún cuando la mayoría están regidas por gobiernos del PP. Desde el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso anunciaban este martes que se opondrían "con todos los medios" a una condonación de la deuda. "Es una aberración que perjudicaría a todo el Estado", señalaba la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, en declaraciones a El Mundo.
Más contemporizador se mostró su compañero de partido, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quién sí habló de la necesidad de una "compensación" para la Comunitat por la infrafinanciación, si hay una reforma del sistema, aunque mostró su rechazo a "pactos en el cuarto oscuro del separatismo" y de "prebendas para algunos frente a la situación de otros". "No hay una excepcionalidad separatista", aseguró. Una posición en la que el jefe del Consell pareció mantener un complejo equilibrio entre el deseo de obtener los beneficios que puedan salir de las nuevas necesidades de Pedro Sánchez y, al mismo tiempo, el rechazo de la procedencia de esos acuerdos, además de ser consciente del problema que puede provocar este proceso entre autonomías gobernadas por el PP.
De hecho, algunos dirigentes del PP apuntaban que esta, precisamente, sería la estrategia de Sánchez. Conseguir los votos necesarios en Cataluña y, al mismo tiempo, provocar una guerra entre regiones controladas por los populares entre las que son favorables a una quita de la deuda y de una reforma del sistema y las que consideran que el movimiento del candidato socialista significarían "nuevas prebendas" -así las calificó el presidente andaluz, Juanma Moreno- para los partidos independentistas.
En esta línea, desde Galicia, gobernada por el PP, fuentes de la Xunta mostraban su "preocupación sobre una posible condonación al considerarla una medida "inequitativa". Cabe recordar que no todas las regiones se han acogido estos años de igual manera a los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) impulsados por el Gobierno central. Galicia es una de las regiones que no se ha acogido nunca al FLA y su deuda con el Estado por otros mecanismos de financiación era a finales de 2022 de apenas 3.000 millones de euros, frente a las 46.000 de la Comunitat Valenciana y los 71.300 de Cataluña.
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Además, las mismas fuentes recalcaron que la condonación de la deuda es "un elemento nuclear del sistema de financiación", por lo que reclamaron que se negocie de forma conjunto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
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