CASTELLÓ. Unides Podem Castelló pedirá información por la ejecución de un desahucio a cargo de un fondo buitre a una madre y su hijo de su primera vivienda a pesar del Real Decreto del Gobierno por la covid-19 que paraliza los desahucios de alquileres a colectivos de especial vulnerabilidad de primera vivienda está en vigor hasta el 30 de septiembre. La confluencia preguntará a la la Audiencia Provincial por qué no informó al Ayuntamiento sobre la situación de vulnerabilidad de la familia antes de ejecutar el desahucio pese a que el protocolo firmado entre el juzgado y el consistorio así lo obliga.
Desde Podem-EUPV afirman que un reciente Pleno aprobó una moción de reprobación a los fondos buitre que operan en la ciudad y reforzó la posición de la Concejalía de Vivienda para intermediar en los procesos entre fondos buitre.
Los concejales de Podem-EUPV en Castelló, Fernando Navarro y María Jesús Garrido, han reiterado sus críticas a las "prácticas abusivas y de acoso" contra los inquilinos de los fondos buitre que residen en VPO o antiguas viviendas de protección. Critican que estas sociedades de inversión presionan a familias de rentas populares para que abandonen sus casas e incrementar los precios del alquiler. Así, recuerdan que los afectados ya habían demostrado estar al corriente de pago en 2017 y 2018 y se archivaron por ello dos procedimientos judiciales del fondo buitre y que en 2019 se reabrió el lanzamiento por un defecto de forma de desamparo legal al no comparecer el abogado de oficio.
Además, la coalición solicitará explicaciones por la actuación de la Policía Local durante el desahucio cuando el Pleno del 17 de dicimbre de 2015 aprobó una moción que acordó que la Administración municipal no colaborará en ningún caso en desahucios de vivienda habitual.
