CASTELLÓ. La elaboración del presupuesto del Ayuntamiento de Castelló para 2025 encara la recta final de la tramitación administrativa. El acuerdo político entre el PP y Vox, socios de gobierno, se cerró la semana pasada y ahora solo falta el informe de la Oficina de Gestión y la posterior fiscalización de Intervención para que la Junta de Gobierno Local (JGL) tenga vía libre a fin de aprobar las nuevas cuentas municipales.
Fuentes consultadas señalan que la previsión de tener listo el proyecto económico en diciembre va camino de cumplirse, siempre y cuando no surjan imprevistos, lo que tampoco parece que vaya a ocurrir. En el momento que la JGL avale el documento presupuestario, los tiempos se acelerarán, ya que solo habrá que cumplir lo que marca el calendario que marca la legislación.
En apenas 14 días, se celebraría la citada Junta de Gobierno Local y dos comisiones plenarias antes de elevar el presupuesto al pleno para su ratificación definitiva. La primera cita serviría para aprobar las cuentas municipales. Los dos siguientes permitirían a la oposición (PSPV y Compromís) presentar las enmiendas, que se abordarían en la segunda de esas comisiones plenarias.
En un optimista escenario, el equipo de gobierno podría realizar la convocatoria extraordinaria del presupuesto a finales de año. En este caso, cabría la posibilidad de que entrara en vigor incluso en enero. Dependería de la exposición pública y la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Fuentes consultadas consideran más factible que se repita el mismo guion de hace un año. En 2023, el ejecutivo autorizó el borrador financiero por Junta de Gobierno Local en diciembre y lo verificó el 18 de enero de 2024 por pleno. Su activación se materializó a mediados de febrero.
Todo hace indicar que las cuentas municipales de 2025 superarán la barrera récord de 216,3 millones (organismos autónomos incluidos) que se estableció para este ejercicio. El aumento de la recaudación por el basurazo tendrá un efecto directo en el capítulo de ingresos y gastos, si bien es cierto que se aplicarán medidas compensatorias, con bajadas y bonificaciones, en tributos como el IBI y el Impuesto de Tracción Mecánica. La mayor capacidad financiera redundará en mejorar los servicios públicos e incrementar las políticas sociales.
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