CASTELLÓ. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias expropiará este lunes definitivamente la vivienda de una familia por las obras del acceso ferroviario sur de Castelló. Los vecinos afectados -una mujer de 47 años y sus dos hijos- deberán desalojar su residencia de toda la vida. Habrá desahucio porque no ha habido acuerdo y Adif emprenderá estra medida con el amparo de una resolución judicial.
"Aquí llevo viviendo 22 años y me voy sin tener otra casa", lamenta Nuria, que critica que las alternativas habitacionales que le han propuesto desde el Ayuntamiento y Adif no satisfacían sus necesidades, teniendo en cuenta que el hogar que ha de abandonar es un villa unifamiliar situada fuera del casco urbano y que uno de sus hijos tiene necesidades especiales al tener un 69 % de discapacidad. También afirman que la cantidad del justiprecio se la propusieron a viva voz y no por escrito.
"Pensaba que el desalojo llegaría con el justiprecio arreglado, pero el 12 de agosto me dijeron que tenía que irme el 19 del mismo mes. Un amigo me está ayudando con la mudanza pero no tengo un sitio para llevarla", remarca Nuria.
Desde Adif subrayan que la vivienda debe ser derrumbada por una obra de interés general como el acceso ferroviario y explican que han cumplido "de forma rigurosa con el procedimiento regulado por la ley de expropiación forzosa".
En febrero hubo un primer intento de marcha voluntaria por parte de Adif, pero Nuria, junto a su abogado, se negó a ello. Adif inició un procedimiento judicial y en julio el juzgado de lo contencioso-administrativo le dio la razón y autorizó la entrada en la finca en un plazo de 20 días, expirando el 30 de agosto.
La afectada presentó un recurso de apelación presentado contra el auto judicial e instó a declarar la improcedencia de la comunicación de ocupación el 19 de agosto. La magistrada lo ha admitido a trámite, pero mantiene el desalojo este lunes, según Adif.
El ente estatal insiste en que la propietaria rechazó el justiprecio, cuya decisión queda en manos del jurado de expropiación. Asimismo, asegura que le ha ofrecido distintas opciones de residencia, con la colaboración por parte del consistorio; la última propuesta fue trasladada este mismo mes de agosto y correspondía a una vivienda social.
Por último, asevera que ha destinado ya una indemnización por rápida ocupación por un valor de 5.986 €. "La propietaria ha contado con tiempo suficiente para la recogida de enseres y mudanza desde la notificación del auto judicial, realizada el 18 de julio", añaden desde Adif.
Nuria asegura que no ha recibido un euro de la Administración, tampoco los 5.000 euros de indemnización por la mudanza que expone Adif. Y respecto al justiprecio indica que demandó que se concretara en papel y no solo de palabra. "No tengo nada, me voy sin dinero y sin tener otro lugar para vivir. Solo necesitaba primero unos 20.000 euros para poder alquilar alguna cosa", expone Nuria, quien no esconde sus nervios y tristeza.
"El interés general ha roto un proyecto de vida. Por ello debe ofrecer antes una compensación justa", resaltó el pasado mes de febrero el representante legal de Nuria. Una obra general y considerada estratégica se llevará abajo una casa, la vivienda durante dos décadas de una familia.
Nuria asume que el lunes no tiene más remedio que irse pero lo hará poniendo de manifiesto públicamente la delicada situación en la que se queda.