CASTELLÓ. El que fuera uno de los grandes proveedores de arcillas atomizadas a los fabricantes de azulejo de Castellón, Tierra Atomizada, entró en concurso de acreedores hace cuatro años ante la dificultad para hacer frente a sus deudas. Una asfixia financiera que se evidencia, por ejemplo, y en parte, con los impagos de algunos de sus clientes, que alcanzó como mínimo los 17,3 millones de euros. Es la deuda pendiente de cobrar por parte de la firma y su filial -Nuevas atomizadas, también en concurso- que se acaba de hacer pública.
El pasado 31 de octubre, el juzgado que tutela el proceso concursal de ambas firmas abrió la subasta judicial para adjudicar los derechos de cobro todavía pendientes y que, según el edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) días después, corresponden a una nómina de deudores que asciende a 24 clientes diferentes. Las mayores deudas ascienden a casi 5,8 millones en el caso de Cicogres, más de 3,8 millones de Hatz Spain, 2,7 millones de Carogres y más de 2,1 millones de Gres Tiles.
La compañía solicitó el concurso voluntario de acreedores en 2019 por la bajada de demanda y la subida de costes, que le impidieron cumplir con el plan de pagos previsto para su deuda, que en ese momento ascendía a 45 millones de euros en total. La firma de l'Alcora llegó a ese punto tras tres refinanciaciones y después de que, ocho años antes, redujera a la mitad el volumen de su deuda con su pool bancario. La firma era dueña de cuatro factorias dedicadas al gres, la pasta blanca, pasta roja y de colores. En 2021 entró en disolución. El año pasado, Rocersa compró una de las factorías de la compañía.
En cuanto a la subasta, quien resulte adjudicatario no tiene asegurado el cobro, tal como refleja el mismo anuncio del proceso público. "Dichos derechos de cobro se consideran dudosos y que la totalidad o parte de los deudores pueden no ser solventes, asumiendo dichos riesgos el adjudicatario, eximiendo a las sociedades concursadas cedentes y al Administrador Concursal de toda responsabilidad al respecto", explica en ese sentido, para añadir, con todo, que los créditos están "libres de toda carga y gravamen".
Aun así, el anuncio deja claro que las empresas concursadas no responderán "de la efectividad o realidad de su cobro, sean cuales fueren las causas de oposición al pago que pudieran alegar los deudores", aunque se muestran disponibles, junto al administrador concursal, a explicar a los concurrentes al proceso "las circunstancias concretas en las que se encuentra cada uno de los créditos objeto de la subasta".
La subasta, abierta el pasado 8 de noviembre, se extenderá hasta el día 29 de este mes y no está sujeta a tipo mínimo, aunque la administración concursal podrá desistir de la adjudicación si el resultado de las pujas no alcanza "siquiera un veinte por ciento del importe total" de la cartera de clientes pendientes de cobro objeto de la subasta.