CASTELLÓ. Alrededor de un centenar de compañías azulejeras castellonenses han solicitado su exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero con el fin de analizar si, con ello, pueden ahorrarse parte del gasto que anualmente asumen por este motivo. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado recientemente la relación de compañías que han solicitado esta medida y entre ellas son claramente mayoría las azulejeras y esmalteras.
El motivo de que hayan realizado esta solicitud para ser considerados "pequeños emisores", para lo cual deben haber emitido menos de 25.000 toneladas de Dióxido de Carbono (CO2) en cada uno de los años que van de 2016 a 2018, es la recomendación de Ascer de que así lo hiciesen, señala su responsable de Asuntos Industriales, Victoria Zaera. "Les hemos dicho que todas las empresas que cumplieran los requisitos, se inscribieran", señala.
Eso sí, esto no significa que finalmente vayan a quedar encuadradas en esta catalogación de pequeños emisores. Y es que, apunta la responsable de Ascer, las compañías tienen "hasta el 5 de septiembre" para decidir (si antes son aceptadas por la Comisión Europea en esta categoría) si permanecen en ella o la abandonan.
Mientras tanto, lo que van a realizar las empresas, con el inestimable apoyo de la patronal azulejera, es analizar si les conviene más estar en un segmento o en el otro. Y el trabajo es arduo. "Estoy todo el día colgada al teléfono para valorar el plan de reducción de emisiones que cada empresa debería cumplir", indica Zaera para dar cuenta de la labor que viene desarrollando conjuntamente con las compañías. "Es un análisis intenso, complejo y delicado porque las empresas se juegan mucho dinero", completa.
De momento, las solicitudes de las compañías, entre las que también se incluyen algunas de otros sectores, como papeleras y cartoneras (las castellonenses Clariana y Kartogroup, por ejemplo) han sido expuestas al público durante tres meses. Después deberá completarse su remisión a la Comisión Europea, que es quien decide.
Pero mientras tanto se les ha abierto una posibilidad hasta ahora inédita. Y es que, aunque ya en la anterior convocatoria, en 2011, algunas compañías solicitaron su consideración como pequeños emisores, finalmente ninguna se acogió a este derecho porque "no había una normativa" (que este año ha llegado tarde, pero al menos existe) y finalmente las sociedades "optaron por el camino que sí se conocía", apunta Zaera.
Así, a falta de examinar exactamente los requerimientos del proceso que las firmas venían siguiendo hasta ahora y los del nuevo -el de la exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión- este presenta, a priori, una ventaja clara: "La simplificación administrativa". Y es que, a la hora de verificar las emisiones de las compañías, el proceso "es más sencillo" y la forma de cumplir con la reducción (del 23,2% para 2021 al 32% de 2025, progresivamente) "es más flexible", indica la experta de Asuntos Industriales de Ascer.
Además, económicamente, que al final es de lo que se trata, también se esperan beneficios. "Debería redundar en un menor coste" a la hora de pagar por los derechos de emisiones, indica Zaera. Por ello, se espera que sean varias las firmas que finalmente opten por esta opción, dado que los costes estimados para todo el sector en el lustro que va de 2021 a 2025 pueden ser de 40 millones de euros.
Por todo ello, el director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat, Joan Piquer, califica la medida de "vital para la industria de Castellón", que además "ha hecho inversiones para emitir menos" y vería de esta forma recompensado su esfuerzo.
