CASTELLÓ. Un nuevo recurso pone en peligro el contrato de 6,6 millones de euros del Ayuntamiento de Castelló para la limpieza de los 67 edificios municipales. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Cointer-Rasa, una de las cuatro concurrentes en la licitación, solicita al Tribunal Administrativo Central (TAC) la anulación de la adjudicación a Servicios de Levante (Selesa) por haberse cometido irregularidades durante el proceso. En concreto, en la fase de baremación de las plicas con los criterios económicos y técnicos. Según expone la denunciante, la ganadora del concurso público "vulnera el principio de secreto de las proposiciones", presenta una oferta "anormal", sin que garantice el cumplimiento "con las obligaciones en materia laboral".
En este contexto, la UTE pide al TAC que excluya a Selesa y reconozca "el derecho a Cointer-Rasa a resultar adjudicataria", toda vez que obtuvo la segunda mayor puntuación tras quedar eliminadas Eulen y Técnicas y Tratamientos Medioambientales SA (Tetma), las otras dos postulantes. La reclamación supone el enésimo contratiempo para regularizar la prestación de higienización y desinfección de las dependencias del consistorio y que está pendiente desde finales de 2019, cuando el equipo de gobierno impelió por primera vez la licitación.
Sin embargo, unos meses después, en abril de 2020, el órgano administrativo obligó a paralizar el procedimiento y retrotraerlo "al momento previo a la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares" al estimar una apelación de la mentada Eulen, que había denunciado que las bases beneficiaban a la anterior adjudicataria, Servicios de Levante, por su carácter "discriminatorio". En consecuencia, según alegó, impedía al resto "participar en condiciones de igualdad".
Como consecuencia de la resolución, el Ayuntamiento tuvo que modificar parte de las cláusulas, lanzando nuevamente el contrato en junio por un importe de 6,6 millones de euros (inicialmente era de 6,3 millones) y tres años de duración. El 30 de diciembre, la Junta de Gobierno Local ratificaba la propuesta para dar a Selesa como vencedora del procedimiento. Sin llegar a formalizarse el contrato, el pasado 26 de enero Cointer-Rasa interpuso el recurso especial, que deja en stand-by la adjudicación a la espera de que lo dictamine el TAC.
En su amplia argumentación, la UTE advierte que el Ayuntamiento, "al puntuar las propuestas técnicas, conocía de antemano que Selesa estaba ofertando mejoras del sobre C [la plica económica]", por lo que podía "influir en el criterio de la mesa de contratación, en detrimento de los principios de objetividad e imparcialidad". En este sentido, sostiene que la actuación de la mercantil y el acuerdo de adjudicación "ponen en riesgo el principio del secreto de las proposiciones y de igualdad de trato entre los licitadores".
Asimismo, Cointer-Rasa subraya al TAC que "la oferta de Servicios de Levante es inviable", ya que "no permite recuperar costes, ni mucho menos pagar los salarios, asumiendo que no va a cumplir con el convenio colectivo de ampliación". Tampoco "justifica adecuadamente el compromiso de 1.000 horas adicionales de limpiador especialista". Ante lo manifestado, insiste en "la necesaria exclusión de Selesa", según recoge la demanda de 36 folios.
Cabe señalar que el contrato de limpieza de las dependencias municipales forma parte de los Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (Rec) que el consistorio asume como gasto adicional. Al haber finalizado la vinculación contractual con la anterior concesionaria, precisamente Selesa, el Ayuntamiento abona mensualmente una cantidad (en este, caso alrededor de 90.000 euros) para garantizar la prestación del servicio.