CASTELLÓ. Una comunidad de propietarios de una zona residencial de Burriana ubicada en la avenida del Transporte ha iniciado la batalla para acabar con los apartamentos turísticos que han comenzado este año su actividad en el bloque y que, según indican, está dificultando la convivencia. El pasado 30 de julio, días antes de la aprobación del nuevo decreto que regula esta tipología de apartamentos turísticos en la Comunitat Valenciana (del que el Consell ya había avanzado previamente algunos puntos), la comunidad de propietarios se reunió y voto 'no' al uso turístico de las viviendas.
"El rechazo fue respaldado por una mayoría de tres quintos que, según la Ley de Propiedad Horizontal es lo necesario para permitir este tipo de actividad", explica José, vecino de esta zona residencial. Una votación que coincide también en el tiempo con el anuncio, por parte del Gobierno central, de cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para clarificar de qué modo los propietarios pueden tomar decisiones al respecto de esta tipología de alquiler.
José explica que la problemática con los pisos de alquiler comenzó sobre el mes de mayo de este año, con la segunda fase de edificación de la zona residencial en la que viven. Según apunta, la manzana de viviendas se está construyendo por fases. "En la primera, de 17 viviendas, se vendió para uso residencial, todos somos vecinos y prácticamente todos estamos todo el año", afirma. "La segunda fase, con otras 17 viviendas, se promocionó en Francia -añade- y nos hemos encontrado con que siete pisos se están destinando a apartamentos turísticos y que, de ellos, unos cuatro o cinco cuentan con licencia".
Este vecino de zona explica que, salvo un caso, ningún propietario o propietaria comunicó a la comunidad de vecinos que iba a destinar la vivienda a esta actividad. "En un primer momento, la idea era intentar convivir con los pisos turísticos, pero ha sido imposible", relata. En concreto, habla de molestias por ruidos y uso de zonas comunes como la piscina y el solarium que, dice, no está permitido para los inquilinos turistas. Así lo votaron en una primera reunión. En la segunda, el pasado 30 de julio, ya votaron por no permitir el uso turístico de las viviendas de la urbanización. "Hemos dejado una moratoria hasta el 31 de agosto, después, tendrán que cesar la actividad", asegura.
Según explica, con la Ley de Propiedad Horizontal y, dado que prácticamente ninguno de estos negocios lo ha comunicado a la comunidad de propietarios, sería suficiente para poner fin a los alquileres. De momento, ya han contactado con abogados para iniciar un proceso legal si, cuando acabe la moratoria, continúa esta actividad. "Ahora, con el nuevo decreto, las sanciones son mayores y hay ciertos requisitos que deberían cumplir", dice. Asimismo, habla de la obligatoriedad de contar con el visto bueno de la comunidad para poder operar como piso turístico. No obstante, el texto del decreto recoge que este requisito no se aplica a aquellas viviendas inscritas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto.
En el término municipal de Burriana hay, en la actualidad, 105 pisos turísticos que ofertan 530 plazas de hospedaje. Una cifra que "supera notablemente las 138 plazas disponibles en los hoteles y pensiones de la localidad", han indicado desde el Ayuntamiento. De hecho, apuntan, el del apartamento turístico es la principal opción para los turistas y visitantes de la capital de la Plana Baixa.
Un auge que se ha visto impulsado también, como explican desde el bloque afectado, por el "efecto reclamo del Arenal Sound" y los "bajos precios" de los alquileres.
De hecho, un reciente estudio elaborado por el Índice Inmobiliario Fotocasa ha situado a Burriana como la única ciudad costera de España, junto a Ferrol y Elche, donde el metro cuadrado del alquiler está por debajo de los ocho euros y es, además, la que cuenta con el precio más bajo: 7,01 euros el metro cuadrado.
Para el Ayuntamiento de Burriana, el nuevo decreto aprobado por el Consell "introduce importantes novedades que buscan proporcionar seguridad jurídica tanto al sector turístico como a la ciudadanía". "Una de las principales innovaciones es la autonomía que se otorga a los municipios para decidir el modelo de ciudad que desean, permitiendo regular el uso de viviendas como alojamientos turísticos en función de sus circunstancias específicas, esta medida refuerza la capacidad de Burriana para gestionar el desarrollo turístico de acuerdo con las necesidades locales", han indicado.
Además, entre las novedades, Burriana destaca el hecho de que las nuevas viviendas turísticas deberán certificar en su declaración responsable que la comunidad de propietarios no prohíbe este uso, según lo permite la Ley de Propiedad Horizontal. También se establece que, en caso de cambios de titularidad, la licencia deberá renovarse, ya que estará ligada al titular y no al inmueble, lo que evitará la especulación con las licencias. Además, el decreto impone la obligación de identificar a todas las personas que se alojen en estas viviendas, y permite desalojar a aquellos que incumplan las normas sin derecho a reembolso.
Para Ashotur, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón, el nuevo decreto también es "un paso adelante en el objetivo de regularizar el uso turístico de las viviendas, racionalizando la situación actual".
En toda la provincia de Castellón hay en la actualidad con 14.663 viviendas turísticas registradas, casi mil más que hace justo un año y un 160% más que en 2015.