CASTELLÓ. La covid-19 deja al Grupo Municipal de Ciudadanos con un pie fuera del pleno presencial de este jueves en el Ayuntamiento de Castelló. Un informe de prevención de riesgos laborales, con fecha de este miércoles, considera que los concejales Alejandro Marín-Buck, Vicente Vidal y Esteban Ventura deben cumplir cuarentena hasta este viernes por haber estado en contacto con un positivo.
El escrito señala que, conforme a las directrices del Ministerio de Sanidad acerca de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control, el plazo para el aislamiento comienza a contar a partir del día siguiente de la comunicación, que se produjo el 20 de octubre pese a empezar los síntomas el 19. Esto quiere decir que la participación de los munícipes en la sesión ordinaria del mes se limita al plasma vía el programa Zoom.
Fuentes de la formación naranja trasladan la voluntad de los ediles de acatar el protocolo, aunque también muestran cierta extrañeza por la repentina notificación, teniendo en cuenta que el aviso sobre el caso positivo se elevó al equipo de gobierno a principios de la semana pasada. Así, los cálculos de los propios regidores apuntaban a completar el confinamiento a tiempo para asistir a la convocatoria. Ante esa duda respecto a los plazos, en los prolegómenos del pleno está prevista una junta de portavoces extraordinaria para decidir si al final los concejales pueden acudir al salón del consistorio o, por el contrario, permanecer en sus domicilios. Al final, se ha decidido por unanimidad que la sesión se realice por medios telemáticos al no existir un decreto que contemple la vía mixta, es decir, la presencia de unos y la intervención de otros de forma virtual.
En realidad, la medida solo afecta a Marín-Buck y Ventura (ambos negativo en la PCR), ya que Vidal se encuentra de baja por considerarse persona de riesgo. Se da la circunstancia que la cuarta munícipe del grupo municipal de Cs, Paula Archelós, también vive la misma situación que su compañero desde este miércoles al haber tenido contacto estrecho con varios enfermos de coronavirus en el ámbito laboral. Esto significa que ni una ni otro están facultados para intervenir en un pleno, en el que los principales puntos del orden del día se centran en la aprobación del requerimiento al Consell respecto al decreto del topónimo, la validación de parte de las nuevas ordenanzas fiscales, con el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) al puerto, y la aceptación de cuatro declaraciones institucionales.
Tres de las propuestas llevan el sello del Acord de Fadrell, al que se suma la oposición, y la cuarta nace del PP. Las iniciativas del PSPV, Compromís y Podem-EUPV inciden en la regulación del periodo comercial de rebajas, la defensa de las empresas del sector de ocio nocturno y el incremento de las licencias (un 5%) de taxis adaptados.
La declaración institucional de la principal fuerza de la derecha propone la reversión del cierre del consultorio auxiliar de Constitución. Además, insta a la Conselleria de Sanidad a buscar un nuevo local que permita restituir la atención sanitaria pública y de calidad.
Al respecto, la asociación de vecinos ha remitido la consellera, Ana Barceló, un escrito para mostrar su disconformidad por la clausura del ambulatorio, sin haber aportado ninguna solución en los últimos siete meses. El documento incorpora las 1.422 firmas recogidas en una campaña en la que se pide solución para el barrio.