Transparencia guarda en el cajón la ley que busca evitar 'enchufes' en la Sindicatura de Greuges

VALÈNCIA. La crisis del coronavirus ha relegado a un segundo plano todas las medidas en las que trabajaban las consellerias del Botànic II -o, en su defecto, las que debían poner en marcha- que no tenían que ver con la pandemia. Con el estallido de la covid-19, los diferentes departamentos del Gobierno valenciano se han visto obligados a priorizar; a centrarse en la adopción de iniciativas dirigidas a minimizar el impacto que podía tener la epidemia en distintos sectores. 

Sin embargo, con el paso de las semanas, el Consell ha podido desatascar algunas cuestiones que habían quedado pendientes en la etapa 'pre-covid'. Incluso, algunas que quedaron por zanjar en el anterior mandato. Sin ir más lejos, el pasado viernes el Gobierno valenciano aprobó el proyecto de Ley del Instituto Cartográfico Valenciano. Una normativa procedente del primer Ejecutivo del Botànic conformado por PSPV y Compromís que se quedó sin aprobar debido al adelanto electoral decretado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, en marzo del año pasado.  

Junto a esta norma que ahora inicia su periplo parlamentario, también otras dos quedaron en el cajón: la Ley del Juego y la reforma de la Ley de la Sindicatura de Greuges. La primera, está previsto que se apruebe el próximo lunes en Les Corts Valencianes después de un varios infortunios; de la segunda, sin embargo, todavía no se sabe nada a pesar de que quedó completamente redactada en la legislatura pasada y el proyecto de ley se aprobó en agosto de 2018. Es decir, lista para volver a pasar por un pleno del Consell para ser remitida al Parlamento porque no es necesario que vuelva a pasar por el Consell Jurídic Consultiu (CJC). De hecho, su situación es exactamente la misma que la Ley del Juego, que la Conselleria de Hacienda volvió a llevar a un pleno en noviembre de 2019 para recuperarla.

La Conselleria de Transparencia es la encargada de llevar esta norma a un pleno del Ejecutivo valenciano. Sin embargo, a punto de cumplir el primer año de legislatura, aún no lo ha hecho. Y tampoco la incluyó en el Plan Normativo Anual de 2020, donde el Botànic II se fijó el objetivo de sacar adelante un total de 29 proyectos legislativos y 189 decretos. 

Un silencio que resulta especialmente significativo. No solo porque durante esta pandemia la gestión de este departamento ha pasado más desapercibida que la de otras áreas del Gobierno -la agenda se ha reducido aproximadamente a media docena al mes, exceptuando los plenos del Consell-. Sino también por el trasfondo que tenía esta reforma planteada por el primer Ejecutivo de socialistas y valencianistas: evitar los enchufes o discrecionalidad del órgano para fichar personal.

La Sindicatura de Greuges, o el Defensor del Pueblo valenciano, es una institución que trata de garantizar la mayor transparencia en la administración autonómica valenciana. Sin embargo, la institución no se aplica su propia medicina en su organización interna, que es lo que pretendía el Botànic I con la reforma de la ley que da vida al organismo. 

Así, las contrataciones de personal que realiza la entidad se hacen todas por libre designación. O lo que es lo mismo, a dedo. De hecho, de los 35 puestos de trabajo que especifica la relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada en 2014, todos son elegidos a dedo por el Síndic, ya sea para cubrir plazas de asesores o traslados de funcionarios desde otras administraciones que buscan mejorar sus pluses. Para evitar coincidir con las legislaturas, el Síndic -que históricamente han pactado PP y PSPV- se renueva cada cinco años. La última, tuvo lugar en noviembre, cuando Les Corts Valencianes eligieron a Ángel Luna para que estuviera al frente de la institución y éste tomó posesión en diciembre. 

Desde la Conselleria explican que la intención del departamento era llevar la ley a principio de mandato, pero prefirieron esperar a que se acordara en Les Corts quién sería el nuevo Síndic de Greuges que sustituyera a José Cholbi. Sin embargo, desde que Luna fuera nombrado en noviembre, la ley no se ha tramitado. 

Transparencia explica que después de este nombramiento se quiso tantear a los grupos parlamentarios para analizar qué probabilidades tendría para salir adelante la norma. Esto es porque la reforma de esta ley, requiere una mayoría reforzada de dos tercios de la cámara. O lo que es lo mismo: un apoyo de 66 diputados. Por lo que las fuerzas del Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- necesitarían a PP o Ciudadanos para sacarla adelante (con Vox no sería suficiente), ya que el tripartito apenas suma 52 escaños. "No queríamos llevar la ley al Parlamento y luego encontrarnos con que no tenemos los apoyos para sacarla adelante y que una ley que proviene del Gobierno fuera rechazada", explican desde Transparencia. 

Sin embargo, fuentes parlamentarias, tanto de Ciudadanos como del PP niegan que nadie de los grupos parlamentarios del Botànic II se haya puesto en contacto con ellos para buscar apoyos. De hecho, socialistas y valencianistas reconocen que no lo han hecho porque no les ha llegado la petición ni de Transparencia para tantear a los grupos de la oposición, ni tampoco de Unides Podemos, que es quien gobierna esa Conselleria. 

Una coincidencia de versiones entre partidos de la opoición y PSPV y Compromís que, unido al hecho que la Conselleria que dirige Rosa Pérez Garijo no incluyó este proyecto de ley en su Plan Normativo de 2020, insinúa un posible olvido de la ley. Ahora, el departamento de Transparencia asegura que su intención es sacar adelante la ley, pero subraya que primero debe conseguir los apoyos. Unas declaraciones de las que podría desprenderse que si no lo hicieran, la ley que quedó redactada y lista para aprobarse en Les Corts podría peligrar. Apenas queda un mes para que se cumpla un año de la constitución del Botànic II, lo que significa que pronto hará un año que Unides Podem pasó a dirigir esta cartera. De momento, el tiempo sigue corriendo.