CASTELLÓ. Se vislumbran novedades en el marco aprobado por la Unión Europea para las ayudas para la compensación de parte de la factura energética desde la invasión rusa de Ucrania. Este marco normativo de la Comisión Europea para los estados miembro ha regulado y ha permitido canalizar la línea de ayudas de 450 millones de euros del Gobierno para los sectores gasintensivos que, como el cerámico, experimentó una subida muy acusada del precio del gas por la crisis energética tras el inicio de la guerra en marzo de 2022.
Ahora, la Comisión Europea prepara cambios en los plazos. Así, si en un principio el plazo de vigencia de este marco se había prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año, ahora prevé una nueva prórroga de tres meses, hasta el 31 de marzo de 2024, tal como publicó este martes El País. El departamento de Competencia del organismo europeo ha planteado a los estados esta "prórroga limitada" de un trimestre para "ampliar en caso necesario sus planes de apoyo y garantizar que las empresas que sigan viéndose afectadas por la crisis no queden excluidas del apoyo que requieran en el próximo período de calefacción invernal".
Concretamente, en el comunicado del organismo, señala que aunque "la situación de los mercados de la energía y, en particular, de los precios medios del gas y de la electricidad, parece haberse estabilizado" y pese a que "se ha reducido el riesgo de escasez de suministro de energía", lo cierto es que "las previsiones económicas de verano de 2023 señalan que la guerra en curso de Rusia contra Ucrania y tensiones geopolíticas más amplias, en particular en Oriente Medio, siguen planteando riesgos y siendo una fuente de incertidumbre".
Estas circunstancias son los motivos argüidos por la Comisión Europea para proponer la ampliación del plazo que, sin embargo, no afectará a otras disposiciones del marco temporal aprobado en 2022 y ya prorrogado por primera vez en octubre de ese año, referentes por ejemplo al apoyo a la liquidez en forma de garantías estatales y préstamos bonificados y las medidas destinadas a apoyar la reducción de la demanda de electricidad.
Así pues, esta ampliación supondrá más tiempo para que los estados puedan conceder ayudas directas como la mencionada convocatoria de 450 millones implementada por el Gobierno a los sectores gasintensivos. Ahora bien, en esos tres meses, sin embargo, no se espera que el Ejecutivo central tenga tiempo para plantear nuevas líneas de ayuda como la existente, habida cuenta que la que hay en marcha, anunciada en diciembre de 2022, todavía ni se ha adjudicado.
En ese sentido, y tal como reconocen fuentes del sector azulejero, el clúster cerámico recibe esta noticia con cierta incertidumbre, dado que la ampliación del plazo, teniendo en cuenta la dificultad para aprobar nuevos programas de ayuda, puede dar más tiempo para que el Ejecutivo central adjudique y abone las cuantías solicitadas por las compañías de este y otros 35 sectores de todo el país. Un balón de oxígeno que, para las empresas, supondría una demora adicional a la que ya arrastran, teniendo en cuenta que ha pasado más de año y medio desde que Bruselas aprobara el primer marco temporal para regular este tipo de ayudas excepcionales.
Hace dos semanas, el Ministerio de Industria hizo público el primer listado de empresas que percibirán las ayudas enmarcadas en la línea de 450 millones de euros anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace casi un año. Del total, el azulejo de Castellón percibirá 71,4 millones de euros, una cuantía que el sector considera "insuficiente" pero que llegaría a 74 empresas azulejeras, tanto fabricantes baldosas cerámicas y atomizadoras como del sector de las fritas y esmaltes. Tales como Porcelanosa, Bestile, Argenta, Grespania, Colorker, Baldocer, Equipe, Keraben, Colorobbia, Torrecid o Smalticeram, entre otras.
Con todo, es un listado provisional. Al haberse tramitado por el procedimiento de urgencia, las empresas tenían un plazo de cinco días para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Tras el análisis de las mismas, todavía resta que el Ministerio publique el listado definitivo y la adjudicación de las subvenciones. Será entonces cuando se conozca la cuantía concreta que llegará al tejido industrial. En el sector esperan que algunas empresas acaben sin poder ser beneficiarias o devolviendo el dinero al no poder cumplir la exigencia que marca la normativa de subvenciones sobre la obligatoriedad de tener un período de pago medio a proveedores por debajo de los 60 días para obtener una ayuda. En ese sentido, el dinero que no se acabe adjudicando o sea devuelto, no se repartirá entre el resto de firmas.