CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló pide la colaboración de los vecinos de la Marjaleria para garantizar la viabilidad del Plan General. Ante las exigencias de la Generalitat Valenciana, que insta a solucionar los problemas de los vertidos en un plazo de 10 años, el Acord de Fadrell pretende involucrar a los residentes para detectar las áreas más sensibles y, una vez identificadas, impeler planes de reforma interior y de minimización de impactos. Así lo asegura el portavoz del gobierno municipal, José Luis López, quien comparte la inquietud de los afectados al reconocer que "fuera de estos temas hay un abismo".
El planteamiento del consistorio va en una doble dirección. Por un lado, en favorecer las rehabilitaciones de aquellas viviendas ubicadas en suelo urbano o urbanizable ordenado pormenorizado. Por otro, en consolidar las construcciones ilegales antiguas en suelo no urbano, que precisan de servicios básicos. En este segundo caso, la instalación de alcantarillado o de suministro eléctrico requiere obras integradoras con el paisaje y respetuosas con la fauna protegida.
De acuerdo con la declaración ambiental y territorial estratégica (Date), la Marjaleria alberga alrededor de 2.363 construcciones. Aunque la inmensa mayoría están localizadas e inventariadas, hay un porcentaje cuya descripción resulta un tanto confusa. De ahí la necesidad de contar con la ayuda de los vecinos, "porque estamos hablando de un trabajo muy complejo, que se desarrollará a medio y largo plazo", explica López.
En efecto, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad concede al Ayuntamiento un periodo de tres años para redactar esos planes desde la aprobación de la pieza Estructural, uno de los dos documentos que componen el Plan General (el otro corresponde a la parte Pormenorizada). Una vez esos proyectos estén presentados, la ejecución de las infraestructuras deberá producirse en un intervalo de 10 años. El incumplimiento de esos tiempos pondrá en riesgo cualquier modificación posterior del planeamiento urbanístico.
Cabe señalar que el consistorio asumirá el coste de las urbanizaciones en esta amplia zona del término municipal. Incluso, licitará las actuaciones para agilizar los trámites. Cuando la reordenación de la Marjaleria concluya, el municipio recuperará la inversión a través de contribuciones especiales que se girarán a los residentes.
Para que la planificación urbana de Castelló se convierta en una realidad en la presente legislatura, el equipo de gobierno necesita resolver las 193 alegaciones del instrumento Estructural en un pleno antes de agosto. Según indica López, todos los informes están finalizados, por lo que se elevarán a una Junta de Gobierno Local durante "las próximas semanas". Posteriormente, se presentarán a la oposición en una comisión plenaria, que marcará la cuenta atrás respecto a la aprobación del documento definitivo por parte de la corporación. A continuación, el plan se remitirá a la Comisión Territorial de Urbanismo, que tendrá la última palabra a propósito de la validación final.
Entre las objeciones que se llevarán al pleno, bien para su estimación (parcial o total), bien para su desestimación, no aparecerán aquellas relacionadas con el conservatorio de música y danza. Como en su día avanzó el propio representante del ejecutivo, esas alegaciones se estudiarán con las formalizadas durante la exposición pública de la pieza Pormenorizada y que se analizarán por los técnicos "en julio, agosto y parte de septiembre", precisa.
No obstante, Ciudadanos buscará en la sesión del próximo 17 de junio, la ordinaria del mes, que el PSPV se pronuncie sobre la instalación educativa tras haber presentado una moción, en la que también pide que se aligere la tramitación del Plan General. El partido liberal espera contar con el respaldo del resto de la oposición (PP y Vox) y de Compromís, uno de los tres socios del Fadrell, con vistas a obligar al grupo socialista a garantizar la reserva de espacio para el conservatorio, algo que no contempla el diseño actual del planeamiento urbanístico.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.