CASTELLÓ. Mejorar el control sobre los fondos públicos. Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Castelló actualiza su reglamento de gestión interna que data de 2013. Se trata de un mecanismo que garantiza la correcta administración de los caudales y acentúa la necesidad de dar información y establecer reglas de actuación. En efecto, el precepto pretende evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar los recursos asignados tanto a la intervención general municipal como a los órganos gestores.
Para afinar con el engranaje interno, el equipo de gobierno hace extensible la fiscalidad a los organismos autónomos dependientes de la entidad local, así como a la sociedad Reciplasa, de la que el consistorio forma parte como socio mayoritario. La auditoría afecta a los contratos, convenios o subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento.
El control interno se rige bajo el principio de plena autonomía e independencia funcionarial. De ahí que resulte imperativo dotar la órgano interventor de los medios necesarios y suficientes. No en vano, la finalidad de ese examen estriba en ofrecer unas conclusiones al ejecutivo local para que, a corto plazo, pueda mejorar la eficacia en la acción de gobierno.

Plan de acción con una duración de tres meses
El plan de acción, siempre a partir de los resultados obtenidos de la fiscalización, cuenta con un plazo máximo de elaboración de tres meses desde la remisión del informe resumen al pleno. Como aspectos más importantes, debe contenenr las medidas de corrección adoptadas, el responsable de su implementación y el calendario de actuaciones a realizar, relativos a la actuación de la propia corporación y de las entidades públicas adscritas o dependientes a la misma.
Según se establece, para asegurar las condiciones que posibiliten la correcta práctica de las funciones de intervención y control, el reglamento puede desarrollarse a través de circulares de la intervención general y de instrucciones aprobadas por Junta de Gobierno Local. En la actualidad, el documento está en exposición pública para que los interesados tengan la posibilidad de conocer su contenido y realizar las sugerencias que consideren oportunas.