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El PPCS exige al Gobierno central "presupuestos o elecciones para recuperar el futuro de Castellón"

Salvador Aguilella, secretario general del PPCS, asegura que “no queremos unos presupuestos, queremos nuestros presupuestos"

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CASTELLÓ. El Partido Popular de la provincia de Castellón ha reclamado este viernes, a través de su secretario general, Salvador Aguilella, "los presupuestos que mi provincia merece o las elecciones que España exige". Tras el nuevo incumplimiento del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que este martes se saltaba el plazo formalmente establecido para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, "hoy nuestra provincia no quiere ya unos presupuestos, queremos y exigimos nuestros presupuestos. Los que garanticen los fondos que siembren futuro y alienten el desarrollo de nuestra tierra, huérfana de inversiones desde hace tres años".

El número dos del PPCS ha considerado una "perversión democrática" que el presidente del Gobierno de España incumpla de forma reiterada un deber constitucional. "Es un fraude a la nación y un secuestro de la voluntad popular". "La presentación de unos presupuestos no es negociable, es su obligación". Por eso resulta "tan sumamente lesiva para nuestra democracia esa impunidad con la que Pedro Sánchez justifica la abdicación de sus competencias. La que se traduce en pérdida y castigo para los castellonenses en particular y para España en general".

Salvador Aguilella ha calificado de "nefastas" las consecuencias de la ausencia de presupuestos. Tras la aprobación en noviembre de 2022 del último ejercicio económico en vigor, el de 2023, las prórrogas han supuesto "un menoscabo para nuestros intereses y un ataque a nuestros derechos. Perdemos cuando lo que deberían hacer quienes gobiernan es trabajar para que ganemos".

"Más de 200 millones e infraestructuras sin fecha"

Pedro Sánchez adeuda a la provincia de Castellón más de 200 millones de euros correspondientes a la falta de actualización de las transferencias que el Estado ingresa a los municipios y a la Diputación de Castellón. Una deuda avalada y reconocida por el Tribunal de Cuentas. A ello se suma la batería de infraestructuras pendientes. En materia de inundaciones: la rambla de Alcalà, en Benicarló; el barranco de Juan de Mora, en Nules; o la ampliación de la capacidad de desagüe del Río Seco. En materia de conexiones: el desdoblamiento de la autovía A7 entre Vilanova d'Alcolea y Tarragona; el acceso a la AP7 desde Benicàssim, Vila-real o Vinaròs; el acceso sur a Torreblanca por la N340; el tramo final de la N-232, entre Masía La Torreta y Morella Sur, que conectaría con Teruel; el paso inferior de la N-232 en Sant Jordi; o el Corredor Mediterráneo.

En materia de patrimonio, la construcción del Parador de Morella, que "lejos de avanzar su construcción ha avanzado su estado de ruina por el abandono del Gobierno de Sánchez". Y por último, seguridad y costas. La primera, con obras pendientes en Almassora, Benicàssim o Vilafranca, cuyos cuarteles siguen siendo un anuncio, no un hecho. También en Vila-real, donde la comisaría de la Policía Nacional "seguimos sin verla". Mientras, en materia de costas "urge una nueva política para garantizar la regeneración y no alentar la regresión. Para proteger viviendas singulares y no derribar nuestro patrimonio".

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