VALÈNCIA. El proceso de homologación de un título extranjero en España es especialmente tedioso: al elevado papeleo que exige cabe sumar los constantes retrasos en el plazo de seis meses que contempla la ley para saldar este trámite. Un escenario que ha provocado numerosas movilizaciones en los últimos años en varias ciudades del país, varias de ellas en València, donde afectados por el colapso del sistema explicaron sus situaciones personales.
Más allá de los casos concretos, lo cierto es que siempre ha sido complejo definir el número de solicitudes pendientes de resolverse. El colectivo de afectados Homologación Justa Ya (HJY) calculaba en verano del pasado ejercicio que podría haber más de 100.000 expedientes a la espera de veredicto. Pocos meses después, la respuesta a una pregunta parlamentaria de Junts arrojaba un cúmulo de más de 71.000 trámites pendientes de resolución entre 2019 y 2023.
A las diferentes cifras que han ido surgiendo se suma un informe publicado por el Tribunal de Cuentas, que revela que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que dirige Diana Morant, contaba a mediados del presente ejercicio con un total de 80.648 expedientes sin resolverse. En concreto, el Gobierno de España ha recibido desde noviembre de 2014 un total de 185.199 peticiones de homologación, de las cuales 104.551 habían sido resueltas hasta el 30 de junio de este año, lo que supone el 56,45%. El concepto resuelto incluye cualquier forma de terminación del procedimiento, no solamente aquellos que han resultado concedidos.
Si se analiza esta situación por periodos, prácticamente 13.700 de los procesos por resolver a mediados de este ejercicio fueron abiertos entre noviembre de 2014 y octubre de 2022, por lo que acumulan retrasos muy superiores al plazo legal de seis meses, pues superan los tres años de espera. El resto de expedientes sin veredicto corresponden a un nuevo real decreto que entró en vigor a finales de 2022: 28.020 son de 2023; 24.794 de 2024 y el resto de la primera mitad del presente ejercicio.
Todo ello, en definitiva, contrasta con el plazo de medio año que marca la ley para que los homologantes reciban una respuesta sobre su solicitud. De hecho, el tiempo medio de resolución de los expedientes que se registraron hasta noviembre de 2022 asciende a 817 días, es decir, más de dos años. Las solicitudes planteadas entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023 cuentan con una media de resolución de 441 días; mientras que las abordadas en 2024 han sido resueltas con una media de 212 días.
No obstante, estos datos no incluyen todos aquellos casos que todavía no han sido resueltos, por lo que el Tribunal de Cuentas advierte que, de tenerlos en cuenta, "la efectividad en el cumplimiento de la obligación de dictar en plazo la correspondiente resolución quedaría muy afectada", puesto que la media de resolución aumentaría de manera considerable.
Pese a la situación de "atasco", en palabras del propio Tribunal de Cuentas, lo cierto es que en el último año y medio se han resuelto algo más de 40.000 procesos, lo que indica los "esfuerzos" realizados por agilizar la homologación, sobre todo en los casos que llevan más tiempo de espera. No obstante, el ente hace referencia en su informe a la "insuficiencia de recursos humanos y materiales para desbloquear la situación", así como a "sistemas de gestión de información poco operativos". Unas cuestiones que han contribuido "a un procedimiento complejo y poco ágil en su resolución": "Estos factores combinados han impedido reducir el número de expedientes pendientes, a pesar de los esfuerzos realizados por agilizar la homologación", apunta el citado informe.
Por ello, el Tribunal de Cuentas recoge entre sus recomendaciones al departamento con competencias en Universidades que realice "un esfuerzo muy decidido" para eliminar "en un plazo razonable el gran número de expedientes acumulados", de manera que las resoluciones anuales superen a la de la creación de nuevos expedientes. Para este cometido, ve necesaria la "corrección de las deficiencias estructurales del procedimiento y el empleo de los recursos necesarios".
Un mercadeo de citas previas para llamar a Universidades
Al panorama expuesto por el Tribunal de Cuentas se añade, tal y como publicó Plaza, la reventa de citas previas para que las personas que tienen un expediente en tramitación puedan contactar con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para resolver posibles dudas o incidencias durante el proceso. Según explica la plataforma Homologación Justa Ya en un informe, la "dificultad" para acceder a una cita a través del portal habilitado por el Gobierno a tal efecto ha llevado a que algunas personas se dediquen a conseguirlas para venderlas a través de redes sociales.
El precio inicial de estas citas se situaba entre 40 y 80 euros, pero la "desesperación" de algunas personas por conseguir resolver el proceso ha llevado a que empiecen a venderse por cantidades que alcanzan los 200 euros. Una situación que ha generado "gran preocupación" entre los homologantes, al considerar que existe una "ausencia de mecanismos de verificación" de las citas. Por ello, HJY reclama al ministerio del ramo que refuerce la seguridad del proceso y que habilite "un canal de denuncias específico" para poder trasladar este tipo de "fraudes" que ocurren en internet.
En todo caso, una afectada residente en la ciudad de València denunció los hechos el pasado 26 de noviembre ante la Policía Nacional. Esta persona aseguró que la reventa llevaba produciéndose desde hacía "cuatro o cinco meses". La organización HJY también ha trasladado esta problemática ante el Defensor de Pueblo al considerar que esta práctica, "además de ilegal, constituye un aprovechamiento directo a la desesperación y vulnerabilidad de miles de profesionales que dependen de estas citas para el avance de sus expedientes".
