CASTELLÓ. El recorte en los derechos gratuitos de CO₂ impulsado por la Comisión Europea aún no ha dicho su última palabra. El ajuste en las asignaciones de la cerámica española para el periodo 2026-2030, que se sitúa en un 20 %, ha de ser ratificado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que integra a los Estados miembros.
Al respecto, los Gobiernos de España e Italia y varios eurodiputados están presionando para conseguir la puesta en marcha de un benchmark propio para el azulejo, que dejaría sin efecto la rebaja al adaptarse a la realidad del sector.
De momento, la Comisión tiene activada una actualización de la referencia que mide los derechos gratuitos de CO₂ que penaliza gravemente al azulejo. Es una corrección que no tiene en cuenta las particularidades de la cerámica. Al respecto, el 93 % de sus emisiones están vinculadas al proceso de combustión, por lo que la reducción de los derechos gratuitos tiene un impacto especialmente relevante, al no existir tecnologías alternativas al gas suficientemente desarrolladas.
Al respecto, la eurodiputada del PSOE Leire Pajín ha defendido un benchmark propio en una sesión ante el comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra. La parlamentaria ha preguntado por qué la Comisión ha optado por realizar una corrección horizontal en vez de aplicar correcciones sectoriales, "como defienden España, Francia e Italia".
Al mismo tiempo, ha abogado por impulsar una propuesta que atienda de manera efectiva la emergencia climática, pero recogiendo la realidad industrial.
Desde el PSOE confían en obtener una mayoría suficiente en el Parlamento Europeo para conseguir el benchmark propio. En esta posición también están otras formaciones españolas, como el PP y Compromís. Asimismo, es el planteamiento defendido por la patronal Ascer, que esta misma semana se lo trasladó al representante de la Comisión Europea en España.
El ministro de Industria, Jordi Hereu, arropó la demanda de Ascer en una visita realizada a su sede hace una semana.
Al mismo tiempo, otro punto crucial es el Consejo de la Unión Europea. La opinión de los Estados miembros será clave. España e Italia, que acogen las principales industrias cerámicas del continente, abogan por establecer un valor de referencia específico. También Francia, en principio, aunque este país se desmarcó en julio de una última propuesta de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, que acordó más derechos gratuitos, lo que minimizaría el recorte, pero negó el benchmark específico para el azulejo por la oposición de Francia y Alemania. Esta última medida, no obstante, no se aplicará, como pronto, hasta 2027.
Pero, al margen de lo aprobado en julio, el Parlamento Europeo y el Consejo han de ratificar o modificar el proyecto inicial, que recoge un ajuste del 34 % en el valor de referencia de los derechos gratuitos de CO₂ que incluye al azulejo. En España, la rebaja se queda en el 20 % al incluirse otros parámetros, como la actividad.
El benchmark propio es importante porque se adecuaría a las necesidades de la cerámica y podría incluso aumentar las asignaciones gratuitas de CO₂, tal como planteó un informe de un comité de expertos vinculado a la propia Comisión Europea. Este cambio es ahora una reivindicación prioritaria, más aún en un contexto en el que el coste del gas se ha disparado por el conflicto de Oriente Medio. Ascer prevé una penalización de más de 100 millones de euros al año si se confirman los primeros planes de Bruselas.
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