Los ediles Ignasi Garcia y Ali Brancal, en una imagen de archivo.CASTELLÓN. La situación judicial de la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, investigada por presunta malversación a raíz de una querella del PP, pone al equipo de gobierno en una tesitura inédita, pues nunca antes se había abordado la aplicación del código ético. Compromís, que defiende a capa y espada la continuidad de su edil en el cargo, tiene dudas sobre cómo debe concretarse el procedimiento en base a la normativa, por lo que deja a criterio de la secretaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Participación y la secretaria del Pleno si debe abordarse o no el cese de Brancal en el próxima sesión de la comisión, cuya fecha se anunciará a lo largo de este jueves. La decisión, por tanto, queda en manos del personal técnico del ayuntamiento.
El código ético establece en el Anexo 1 una serie de "medidas preventivas a adoptar por los grupos políticos municipales que conforman el Ayuntamiento de Castellón para el supuesto en el que algún miembro de esta Corporación Municipal pueda verse imputado por un presunto delito de corrupción política". Una de esas medidas es que el concejal imputado será "apartado" de sus funciones. "Dichos acuerdos se adoptarán desde el momento en que el miembro de la Corporación Municipal resulte imputado en casos de corrupción", dice el documento.
En base a esto, el grupo popular lo tiene claro: el Código de Buen Gobierno determina la renuncia inmediata al cargo en caso de imputación por corrupción, por lo que ni siquiera hace falta abordarlo en la comisión, se puede aplicar directamente; pero, si se convoca, lo que debe dirimirse es la aplicación del código.
Sin embargo, para Compromís el procedimiento a seguir no está tan claro, pues nunca se ha puesto en práctica antes. Por ello, todavía no han determinado qué se abordará exactamente en la sesión de la comisión extraordinaria cuya convocatoria se conocerá hoy jueves. En principio, no hay duda sobre que la vicealcaldesa debe ser escuchada en la reunión, tal y como advirtió la propia secretaria del pleno en la comisión de la semana pasada. Lo que se desconoce aún es si, además de su comparecencia, se abordará también la aplicación del código ético, es decir, si debe o no renunciar al cargo.
Compromís no toma la iniciativa de incluirlo directamente en el orden del día de la convocatoria, porque, entienden, cabe la posibilidad de que la próxima reunión se dedique únicamente a escuchar a Brancal y se convoque una nueva sesión -tal vez la ordinaria del 13 de diciembre- para someter a votación la aplicación del código, una vez los grupos hayan valorado las explicaciones de la edil. En cualquier caso, dejará la decisión en manos del equipo técnico: el presidente de la comisión, Ignasi Garcia, tiene previsto reunirse a lo largo de esta mañana con la secretaria de la comisión y, si es preciso, con la del Pleno para que determinen la forma de proceder.
Cada grupo municipal interpreta la normativa de una manera, y en base a ella unos ganan tiempo y otros ganan munición electoral. Las funcionarias tienen ahora un papel crucial en una cuestión de cariz político. Y en un discreto segundo plano se sitúan los socialistas, que están a la expectativa de saber qué se elevará finalmente a la comisión y, por ende, al pleno. Si se se decide abordar el caso de Brancal en varias sesiones de la comisión, el grupo socialista tiene tiempo aún para definir su postura, pues sus votos son decisivos para determinar el futuro de la vicealcaldesa. De momento, no quieren levantar sus cartas, aunque las únicas declaraciones de la alcaldesa Amparo Marco sobre este asunto apuntaban al cese.
En el pleno de hoy no se abordará la cuestión, pese a lo previsto en un principio, a menos que el PP introduzca el tema, probablemente, en el turno de ruegos y preguntas. En cualquier caso, la decisión de aplicar o no el Código de Buen Gobierno a Brancal se pospone.
El portavoz del grupo municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha reprochado al Partido Popular que "hayan estado mintiendo reiteradamente sobre la puesta en conocimiento a la Junta Electoral en el año 2014 del supuesto delito que ahora el señor Juan José Pérez le imputa a la vicealcaldesa, Ali Brancal", según ha informado en un comunicado.
Así, Garcia ha querido aclarar primero que "el Partido Popular no solo ha mentido en diversas ocasiones, sino que se contradice en las diversas manifestaciones que han hecho al respecto de este tema los diferentes portavoces del partido". De esta manera, el concejal de Compromís ha recordado que el pasado 13 de noviembre, en una tertulia radiofónica, el concejal Carlos Feliu decía sobre este asunto que "en su momento se denunció a la Junta Electoral que como estaba en elecciones no hizo caso". Sin embargo, la portavoz del PP, Begoña Carrasco, manifestó en la misma tertulia el día 27 de noviembre que acudieron "en su momento, en el 2014, a la Junta Electoral y la Junta Electoral dijo que no era competente".
Garcia ha manifestado que "la única realidad, demostrada con documentación a la que Compromís ha podido tener acceso", es que la Junta Electoral dictaminó el 19 de mayo de 2014 "en relación a su escrito presentado el pasado día 16 sobre actuación del concejal del grupo municipal Bloc-Compromís" que "considera no existir (sic) cuestión alguna a resolver".
Con esto se demuestra, según Garcia, que "no hay más caso que el que quiere seguir inventándose el PP, en su estrategia de difamar y querellarse contra concejales del gobierno municipal para evitar que se hable de la magnífica gestión que se está realizando en el Ayuntamiento. Pero sabemos que esta estrategia no es nueva, lo vienen haciendo en otros ayuntamientos de la Comunitat, como el de València", ha concluido Garcia.
