El azulejo ve en la Ley de Cambio Climático una muestra de cómo el Gobierno gravará su actividad

CASTELLÓ. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la "primera" Ley de Cambio Climático española, tal y como ha remarcado la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Pero esta, que debería ser una buena noticia, no tiene contentos a todos. 

Entre los sectores económicos más soliviantados se encuentra el cerámico. Y no tanto por la afección en sí de la ley, ni porque no sea necesaria -"el cambio climático es una realidad y la descarbonización un reto para el sector", señala el secretario general de Ascer, Alberto Echavarria-, sino por las formas... y porque evidencia la forma de actuar del Ejecutivo, y esto tendrá, a corto plazo, temen en la patronal azulejera, repercusiones más graves. 

En lo que se refiere a las formas, Echavarria apunta a la "celeridad con que se aprueban leyes de calado sin escuchar a los sectores afectados". En este sentido, recuerda que el Ministerio para la Transición Ecológica tramitó de urgencia la ley en el Senado y esto hizo inviables las alegaciones de las diferentes actividades económicas, entre ellas la cerámica. "Había unas 500 y pasaron como un rodillo", señala. De hecho, tan solo se aceptaron cinco. Entre las suyas, Ascer pedía la creación de un estatuto de consumidores gasintensivos o que no se graven dos veces algunos aspectos, como sucederá por ejemplo con la obligación de medir la huella de carbono. 

El golpe, con el Fondo de Sostenibilidad Eléctrico

Pero lo peor para el sector es lo que evidencia la ley, que considera "una muestra de cómo está llevando a cabo sus políticas energéticas" el Gobierno. Así, el secretario general de Ascer vaticina que, a corto plazo -"probablemente el mes que viene"- puede haber novedades respecto del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FSSE), del que el azulejo ya ha advertido que puede suponer un impacto de 213 millones de euros en el próximo lustro. 

Actualmente esta norma está pendiente de revisión por el Consejo de Estado y tan solo le queda por superar el Consejo de Ministros y la vuelta al Congreso de los Diputados para ser definitivamente aprobada. 

Por ello, Echavarria solicita un "equilibrio de fuerzas en la agenda política" entre el Ministerio de Industria, que sí atiende al sector -de hecho la ministra Reyes Maroto expresó en su visita de febrero a Castellón que "analizaría" el FSSE- y el de Transición Ecológica, cuya titular también acudió a la provincia poco después, pero para echar las aspiraciones cerámicas por tierra. Para evitar esta diferencia en los puntos de vista, el sector demanda coordinación interministerial. "La política energética y la industrial tienen que ir de la mano -apunta Echavarria-, de lo contrario no tendremos emisiones, pero tampoco tendremos industria".