CASTELLÓ. La reforma del Camí Caminàs de Castelló parece que también se le atraganta al nuevo Consell del PP y Vox. Al menos, sobre el papel y viendo su impacto en los primeros presupuestos del president, Carlos Mazón, con una proyección hasta 2027. La Generalitat Valenciana calca los 200.000 euros que el anterior Gobierno autonómico, el Botànic II, contempló en las cuentas de 2023. La consignación económica se incluye en las inversiones de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, cuya titular es la castellonense Salomé Pradas.
Además, esa cantidad no tiene continuidad en los demás ejercicios de la legislatura, como sí ocurre con otros proyectos esenciales para la capital de la Plana, como la culminación de la ronda Oeste o la ampliación del TRAM. En estos casos, se contempla una financiación plurianual. Sin embargo, la referencia a propósito de la modernización de la vía pecuaria se limita a una anotación contable para el próximo curso y desaparece en los siguientes.
Los 200.000 euros son insuficientes para materializar una actuación presupuestada en 4,2 millones. Sin ir más lejos, tanto la anterior alcaldesa, la socialista Amparo Marco, como la actual primer munícipe, la popular Begoña Carrasco, se mostraron un tanto escépticas sobre la pretensión del Consell de reactivar el proyecto en 2023 después de que el entonces president, Ximo Puig, anunciara en septiembre de 2022, durante el Debate de Política General, que destinaría la citada cuantía en el último presupuesto del mandato.
La dificultad de blindar el gasto del Caminàs, siempre que no se ejecute con fondos propios, reside en la obtención de fondos europeos a través de alguna convocatoria Next Generation. Aunque en 2018 sí recibió el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica, no ocurrió lo mismo en 2021 cuando la remodelación se volvió a presentar a una línea de ayudas.
La transformación del Caminàs como cañada verde y cicloturista está pendiente desde 2018. Se trata de mejorar 6,94 kilómetros de la vereda, con un presupuesto de 4,2 millones de euros (entonces, cofinanciado al 50% con fondos europeos) y un plazo de ejecución de 10 meses. Además de la creación de un corredor medioambiental, la actuación pone en valor el entorno de las ermitas de San Jaime, San José, San Pedro-San Isidro y Lledó.
En 2019, ante la imposibilidad de cumplir los plazos, el Ayuntamiento de Castelló tuvo que redistribuir esos 4,2 millones de euros entre otros proyectos de perfil técnico similar. El problema surgió por una disputa técnica con la Conselleria de Transición Ecológica en relación al pago de dos tasas por la ocupación temporal y la concesión demanial de la vía pecuaria (9.980 euros y 7.573,59 euros, respectivamente). El desacuerdo entre los funcionarios de ambas administraciones se alargó hasta 2020, cuando el consistorio decidió abonar la cantidad.
Desbloqueado el conflicto, el proyecto se volvió a presentar a una convocatoria europea vía Ministerio. Todo hacía indicar que, concedidos los fondos en una primera ocasión, no habría problemas con la segunda petición. Más lejos de la realidad, en septiembre de 2021 trascendió la negativa de Transición Ecológica a incluir la reforma del Caminàs entre sus propuestas de financiación al no acreditarse la reducción de emisiones. En noviembre de 2022, el proyecto saltó al tejado de la Generalitat, que decidió incorporar la remodelación entre sus inversiones.