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el entorno de cantó le presiona para que aplique los estatutos por su condición de condenada

El 'caso Gabarda' se perfila como una nueva 'patata caliente' para el próximo comité autonómico de Cs

13/08/2020 - 

CASTELLÓ. La continuidad de la diputada autonómica Cristina Gabarda, condenada por injurias, se perfila como una nueva patata caliente para el próximo comité autonómico de Ciudadanos, que saldrá elegido en el congreso regional que se celebrará entre septiembre y octubre, presumiblemente. La junta directiva tendrá que tomar una decisión sobre el futuro de la parlamentaria castellonense. En concreto, la responsabilidad de aplicar los estatutos recaerá en el coordinador (todo hace indicar que Toni Cantó) como principal responsable de la formación naranja en la Comunitat.

Fuentes del propio entorno del Síndic consideran prioritario resolver el caso Garbarda antes de que se convierta en una piedra en el camino para impulsar la renovación interna iniciada desde Madrid con la designación de Inés Arrimadas como presidenta. De hecho, algunas voces creen que dirimir la situación de la diputada, siempre conforme a lo que determinan los estatutos, aumentaría la legitimidad y autoridad de la nueva dirección con vistas a impeler esa reestructuración que ponga fin a la división actual en el partido.

Ante la existencia de una condena por sentencia firme, el reglamento aprobado en la V Asamblea General del 2 de mayo se muestra tajante. El título 29 señala que "los representantes institucionales y los cargos orgánicos del partido deberán poner su nombramiento y, en su caso, el acta, a disposición del Comité ejecutivo de concurrir el supuesto del artículo 22.1.a) de estos Estatutos". Esa hipótesis se refiere "al que hubiese sido acusado judicialmente por resolución firme que acuerde la apertura de la fase de juicio oral, al tiempo de la presentación de la candidatura, por la comisión de cualquier delito". Una circunstancia que se da con Gabarda.

El proceso judicial

La entonces número dos de Ciudadanos a Les Corts por la provincia de Castellón se sentó en el banquillo de los acusados el 24 de abril, apenas cuatro días antes de los comicios autonómicos. Lo hizo a consecuencia de una denuncia del presidente del PPCS, Miguel Barrachina, por calumnias e injurias con publicidad. En la víspera de las elecciones del 28A, el día 26, la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Castelló, Beatriz Sarrión, emitió el fallo, penando a la candidata naranja a pagar 4.380 euros, más las costas, al líder popular.

La posteriormente elegida parlamentaria autonómica (Cs logró cuatro representantes) recurrió la sentencia, aunque sin el resultado esperado para sus intereses. Así, el 24 de enero de 2020 la sección Primera de la Audiencia Provincial ratificaba el laudo. Un mes después, la reseñada magistrada firmaba el auto de ejecución, dando a la diputada el plazo de un mes para abonar la multa y publicar la rectificación.

Gabarda cumplió la resolución el 22 de mayo, en plena pandemia y tras reanudarse la actividad judicial, interrumpida al declararse el estado de alarma en marzo.

Hasta ahora, el comité autonómico siempre se ha escudado en la vaguedad de la formación, pendiente del congreso regional, para esquivar la continuidad de la castellonense. Sin embargo, una vez se proclame un nuevo órgano de dirección, con una cabeza visible, no habrá excusa posible que justifique el silencio de los últimos meses. Al menos, así lo entienden muchos afiliados, e incluso parte del entorno de Cantó.

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