La alcaldesa, Amparo Marco, y el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, en el pleno. Fotos: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. El 'desacord' de Compromís con el PSPV-PSOE y Podem-EU tiene un detonante, que obliga a retroceder en el tiempo para entender el porqué de la actual fisura en el Ayuntamiento de Castelló. La crisis abierta, a raíz de lo sucedido con la moción del PP y Cs en el pleno del jueves 19 de diciembre, se fraguó en realidad después del verano, cuando se iniciaron las negociaciones entre las tres formaciones del gobierno para abordar la adhesión al código ético de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), según fuentes municipales.
A partir de los primeros contactos, y especialmente tras publicar Castellón Plaza que el Fadrell planteaba suavizar el régimen disciplinario, la coalición nacionalista comenzó a comportarse de una manera más díscola con sus socios, precisan las mismas fuentes. Es cierto que internamente llevaba desde prácticamente el arranque de la legislatura mostrando una actitud errática, pero esas divergencias siempre se quedaban de puertas adentro.
Todo empezó a enmarañarse con el código ético pese a que su anexión forma parte del documento de gobierno, que recoge 248 compromisos como hoja de ruta para la gobernanza de la ciudad. El primer síntoma que alertó a dos de los tres socios de la nueva estrategia de Compromís fue la negativa de su portavoz, Ignasi Garcia, en calidad de concejal de Transparencia, de llevar al pleno la incorporación del texto de la FEMP sin haber fijado antes un calendario de reuniones con la oposición al objeto de alcanzar el máximo consenso posible.
Días después de aquellas declaraciones el gobierno local tuvo que desautorizar al regidor valencianista para insistir en que el nuevo régimen disciplinario era (y es) un acuerdo del Fadrell y que, en virtud de ello, no cabía discusión acerca de la necesidad de validar su cumplimiento. El portavoz del ejecutivo local, Rafa Simó (PSPV), tendió la mano a la derecha y extrema derecha para sumarse, aunque subrayó que, siendo lo deseable, no siempre las iniciativas que propone un equipo de gobierno reciben el apoyo de la oposición.
Compromís tensó más la cuerda en la votación para disolver la Junta de Festes al oponerse (Verònica Ruiz, vicepresidenta del Consell Rector) y abstenerse (Juan Josep Sidro, representante valencianista) a la propuesta de la presidenta, la socialista Pilar Escuder.
No obstante, el punto de inflexión se produjo en la Comisión del Gobierno Interior para elevar al pleno un acuerdo cerrado sobre el código ético. El orden del día puso encima de la mesa dos alternativas: el documento de la FEMP y el texto del Botànic, planteado por Ciudadanos a través de una enmienda.
La opción de Cs, ante la abstención de la formación nacionalista, rompiendo así la disciplina del Fadrell, obligó a la presidencia a hacer uso del voto de calidad para evitar que prosperara. El gesto resultó sintomático, pero todavía más las posteriores manifestaciones de Garcia, reiterando que la medida de la formación naranja habría generado más consenso político, poniendo fin "a una polémica que no beneficia a nadie", sentenció. Aquellas palabras sonaron a aviso, teniendo en cuenta el sedimento en las relaciones por lo ocurrido en fiestas.
Y los peores presagios para el PSPV y Podem se confirmaron, cuando en la sesión plenaria del jueves Compromís se desmarcó de sus socios para apoyar una moción del Partido Popular y Ciudadanos, que igualmente secundó Vox. Hasta el último momento el ejecutivo municipal ofreció una "tercera vía" a la coalición nacionalista que garantizara la estabilidad de gobierno. Sin embargo, rechazó la enmienda, provocando el actual 'desacord', cuyas consecuencias marcarán un antes y un después en este mandato.
