VALÈNCIA. Convertir los 50 millones de ayudas directas a la cerámica en créditos bonificados del Institut Valencià de Finances. Esa es la solución que plantea la Generalitat Valenciana para sortear el requisito del pago a proveedores de menos de 60 días y que las empresas puedan cobrar.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado en la inauguración de la 39ª edición de la feria Cevisama que el Consell ha planteado a las patronales cerámicas la posibilidad de articular los 50 millones de euros previstos para subvenciones directas a través de préstamos del IVF. "Durante mucho tiempo hemos pedido que se cumpliera la Ley de Morosidad porqué es una ley que va a favor de la pequeña empresa. Ahora, es cierto que esa ley perjudica que puedan llegar las ayudas porque es evidente que en un momento de crisis las empresas no pueden pagar a 60 días, y es lo que está pasando", ha explicado el jefe del Consell.
"Esta norma de carácter estatal nos impide también llevar a cabo las ayudas directas de la Generalitat por lo tanto estamos buscando un plan B", ha reconocido Puig, que ha asegurado que la Generalitat está en negociaciones constantes con las patronales para abordar esta cuestión.
La propuesta inicial de la Generalitat incluye 50 millones en créditos a largo plazo con un tipo de interés más bajo que el del mercado y con una parte del préstamo (de un 10% o 15%) no retornable. Se trataría de dos tipos de líneas, una para circulante y otra para inversión. No obstante, Puig ha reconocido que la cantidad total "podría ampliarse", en función de lo que acuerden con las patronales. Estos cincuenta millones tendrían-según ha confirmado la Generalitat- unas condiciones más favorables que los otros cincuenta que el IVF ya tiene activos. Cabe recordar que para esta primera partida de créditos de 50 millones se obtuvieron peticiones que superaban la cantidad total ofertada. Un síntoma, según el Consell, que "demuestra que el IVF está ofertando el producto adecuado para el sector". Estas solicitudes están actualmente en proceso de resolución según han informado desde la Generalitat.
Aunque la Generalitat ha reiterado en diversas manifestaciones que la prioridad es que el Ministerio de Economía permita una excepcionalidad al cumplimiento de la Ley de Morosidad, por el momento el ministerio que dirige Nadia Calviño "no se ha movido de su posición", expresan fuentes del Consell. Es por ello que la propia Generalitat ha decidido reconvertir sus ayudas por créditos para aportar liquidez a las empresas a corto o medio plazo.
Respecto a esta propuesta de la Generalitat, desde la patronal azulejera Ascer han manifestado que "los préstamos no son una solución, porqué se tienen que devolver". Su secretario general, Alberto Echavarria, ha reconocido que "la Generalitat está buscando fórmulas para que se pueda dar algo de dinero y se pueda dar oxígeno al sector, sin duda tienen la mejor de las voluntades", sin embargo ha puntualizado que "lo lamentable es que un gobierno autonómico esté buscando alternativas porqué el Gobierno estatal no lo está haciendo".
Cabe recordar que el borrador que articula las ayudas a la industria gasintensiva incluye la necesidad de que las empresas acrediten un plazo de pago a proveedores inferior a 60 días. "En el cuarto trimestre de 2022 el período medio de pago a proveedores en toda España era de 95 días, el propio Ministerio es consciente de que España en conjunto paga a más de 60 días, entonces, ¿por qué incluyen este requisito?", se pregunta Echavarria. Aunque desde Ascer reconocen que mantienen contacto permanente con el Ministerio de Industria y afirman que "conocen nuestra situación, saben lo que pensamos y entienden nuestras reclamaciones", la patronal azulejera asegura que "hay otras partes del Gobierno que no quieren moverse".