El derribo de la cruz es inminente: la empresa inicia el vallado para retirar el monumento

CASTELLÓ. La eliminación de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta es inminente. Según informa el Ayuntamiento de Castelló, este mismo martes se procede al vallado de la zona para realizar próximamente las operaciones de retirada. De esta manera, se cumple con lo que determina el pliego de prescripciones técnicas y administrativas del contrato relativo a las obras de recuperación del jardín. De acuerdo con lo que establecen las bases, la adjudicataria, Solaris Purgaret, dispone de un plazo máximo de 10 días naturales para firmar el acta de comprobación de replanteo desde la rúbrica de la aceptación, lo que se produjo el pasado 28 de julio.

Aunque existen diferentes litigios abiertos con la asociación Abogados Cristianos, el Acord de Fadrell considera que se dan las suficientes garantías jurídicas para comenzar la obra civil, que consiste básicamente en eliminar el monumento para restaurar el espacio ajardinado que existió en 1926. La intervención, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, se alargará seis semanas con un presupuesto de 51.726,54 euros, más 10.862,57 euros en concepto de impuestos.

Pieza entera para su posterior traslado

De hecho, los trabajos más complejos corresponderán a la eliminación de la cruz. Para su traslado al nuevo emplazamiento (la explanada de la parroquia Santo Tomás de Villanueva), resultará necesaria una pluma, ya que el lábaro pesa seis toneladas y mide seis metros. La dificultad será todavía mayor en vista de que la retirada deberá producirse sin incidentes en forma de rotura. Cualquier daño tendrá que ser reparado por la empresa, como así determina el contrato.

El acta de comprobación de replanteo, además de marcar el comienzo de la ejecución, permite a la adjudicataria de la actuación disponer legalmente de los terrenos. De ahí su importancia con vistas a facilitar la ejecución. Tampoco es un tema menor la realización de las catas arqueológicas, ya que Ribalta está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1981. 

La cruz se levantó en el parque en 1944 en honor a los Caídos por Dios y por España. Unos años después, en 1979, la corporación municipal (con los votos a favor de PSOE, PCPV y EIC) cambió la inscripción ("A todas las víctimas de la violencia"), modificando la simbología del monumento. No obstante, según el comité de expertos de la Conselleria de Calidad Democrática, se trata de un vestigio de "exaltación del franquismo", lo que justifica su supresión.

El pasado 5 de mayo la concejala delegada de Contratación, Pilar Escuder, firmó el decreto de recuperación del jardín. La rúbrica para adjudicar la actuación culminó el nuevo expediente iniciado por la edil de Cultura, Verònica Ruiz, el 26 de julio de 2021 después de exponer el proyecto al público. De las 226 alegaciones presentadas, 115 se mostraron a favor de la intervención. Entre los escritos en contra, destacaron los formalizados por el colectivo Abogados Cristianos, que desde entonces ha ido presentando un recurso con cada nuevo paso del Acord de Fadrell.

Nuevas acciones de Abogados Cristianos

No en vano, Abogados Cristianos ha anunciado que solicita a la justicia la paralización del traslado "por la vía urgente" y enmarcada en una "nueva demanda ante el juzgado de lo Contencioso- administrativo por la vulneración de derechos fundamentales, en este caso, el derecho a la libertad religiosa".

Además, ha anunciado la presentación de una querella contra la concejal Escuder por un presunto delito de prevaricación, ya que alega que el Ayuntamiento "incumple el plazo de 20 días estipulado por el propio consistorio para hacer alegaciones".

La entidad ha pedido al juzgado de lo Penal medidas cautelarísimas para paralizar la retirada de la cruz y ha convocado una concentración en las inmediaciones del momento este miércoles a partir de las 9.30 horas, a la que su presidenta, Polonia Castellanos, ha hecho un llamamiento a acudir para que "no permitan que derriben ni que destruyan la cruz".

Por otro lado, el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, ha denunciado que el equipo de gobierno "aproveche" la primera semana del mes de agosto "para agilizar obras polémicas que sabe que no cuentan con el respaldo de la mayoría de castellonenses". En esta línea, la líder Ciudadanos en la Diputación, Cristina Fernández, ha lamentado la "caza de brujas" con la nueva ley de memoria histórica, que "solo ha servido para una cosa, dividirnos más".

Pendiente desde 2019

La eliminación del lábaro está pendiente desde el 15 marzo de 2019, fecha en que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló decretó la suspensión cautelar del derribo. El conflicto se enquistó al recurrir el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En julio de 2020, la Sección Cuarta dio la razón al consistorio pero, al haber transcurrido tanto tiempo, el equipo de gobierno se vio abocado a impulsar un segundo procedimiento administrativo para retirar la cruz, es decir, el actual.

En el perfil de Twitter la concejala de Memoria Democrática, Verònica Ruiz, ha mostrado su satisfacción por el inicio de los trabajos y ha calificado el día como "histórico".

Amb objectius clars i el cabet a la feina, perquè hem vingut a enfortir la democràcis. Hui és un dia històric, 79 anys després, adéu al monument als caiguts. pic.twitter.com/1fDEVG3vzT

— Verònica (@veroruiziau) August 2, 2022