CASTELLÓ. El Acord de Fadrell está ya a un pleno de culminar la interminable tramitación del Plan General de Castelló. La aprobación de la pieza Pormenorizada supone el paso casi definitivo después de un largo recorrido que se inició en 2016, poniendo además fin a un vacío legal que dura 14 años desde la anulación del PGOU en 2008. Ahora, solo falta que la Comisión Ambiental Municipal emita el preceptivo informe favorable con vistas a celebrar una última sesión, entre junio y julio, para dar carpetazo al planeamiento urbanístico.
La validación este jueves, en el pleno ordinario de abril, del denominado Plan de Ordenación Pormenorizada (en diciembre se avaló el Estructural) se caracterizó por el elevado tono fiscalizador de la oposición, que marcó cada uno de los debates. Tanto el PP como Ciudadanos y Vox evidenciaron que se encuentran en modo electoral y buscaron el rédito electoral sacando a relucir viejas polémicas, como el despido de Juan Ángel Lafuente, y poniendo el acento en temas sensibles, como la Marjaleria, la reforma de la avenida Lidón, los chiringuitos o la rehabilitación de la Pérgola.
En el intercambio de golpes hubo alusiones a Camilo Sexto, Maduro (y Venezuela), los populares Alberto Fabra, Isabel Bonig y Carlos Feliu y el socialista David Donate, que el pasado 6 de abril presentó su dimisión como número 2 de la alcaldesa, Amparo Marco. Tampoco faltaron las referencias al franquismo y al spyware Pegasus, tan de moda por el espionaje a líderes catalanes. En el cruce dialéctico el portavoz de Cs, Vicente Vidal, se mostró especialmente vehemente, acusando al Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EUPV) de exhibir permanentemente "la supremacía moral de la izquierda".
El Plan Pormenorizado salió adelante con el respaldo del tripartito, mientras que el PP y Cs votaron en contra y Vox se abstuvo. La alcaldesa, la socialista Amparo Marco, aseguró que "hoy es un día muy importante, porque avanzamos hacia la aprobación definitiva de un Plan General que confiamos en que sea el motor para dinamizar económicamente la ciudad, generar puestos de trabajo y garantizar un futuro mejor en una ciudad más amable para vivir y convivir". En la misma línea, el concejal de Urbanismo, José Luis López, advirtió que "es el PG más participado de la historia, que garantiza una seguridad jurídica y genera nuevas oportunidades". "En esta ocasión, se han presentado un total de 377 alegaciones, de las que se han estimado al completo o parcialmente 285, lo que supone el 75,6% de las presentadas", agregó.
El líder de Podem-EUPV, Fernando Navarro, más allá de recordar las consecuencias sostenibles y medioambientales de un planeamiento "racional", subrayó que se zanja "una discrepancia que nosotros calificamos de torpe, porque eclipsó otros elementos más transformadores", refiriéndose a la controversia con el futuro conservatorio de música y danza.
Una infraestructura que destacó en su intervención el representante de Compromís, Francesc Mezquita, puntualizando que de esas 377 alegaciones, 239 reivindicaron el emplazamiento del conservatorio en el solar de Taxida. "El Plan de Ordenación Pormenorizada transformará la ciudad, ordenará definitivamente su desarrollo urbanístico y huirá del desbarajuste histórico y la especulación que ha sufrido Castelló", afirmó.
Frente al discurso triunfalista del Fadrell, la oposición afeó al ejecutivo local su falta de "diálogo y consenso". De hecho, Vidal y Sergio Toledo, portavoz adjunto del PP, vaticinaron que los tribunales tumbarán el Plan General como consecuencia de la interposición de 16 recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ante los que se ha personado el Ayuntamiento de Castelló.
"Esta norma está diseñada a su imagen y semejanza. No han sido capaces de escuchar a la ciudadanía. No se solucionan problemas como el de la Marjaleria. Lo que ustedes han aprobado aquí se lo tumbarán los juzgados", auguró el concejal del partido liberal. "En tiempo récord han judicializado el Plan General, que además lastrará a Castelló durante 20 años. Solo a ustedes les gusta este planeamiento", añadió el edil popular.
Por su parte, el portavoz de Vox, Luciano Ferrer, justificó la abstención por la necesidad de disponer de un marco jurídico, aunque "no aporta soluciones reales. Han dejado pasar una gran oportunidad y seguiremos teniendo los mismos problemas en la Marjaleria y los barrios periféricos", concluyó.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.