CASTELLÓ. El nuevo gobierno municipal del PP no se olvida de las tascas pese a los múltiples frentes abiertos tras haber tomado posesión hace escasamente 10 días. La estrategia con vistas a blindar los establecimientos de la calle Barracas pasa por declarar la zona como espacio gastronómico. Esa es la idea en el caso de que al final la Fiscalía archive su investigación para determinar si en los últimos años el Ayuntamiento de Castelló actuó correctamente con el objetivo de reducir el ruido y el consumo de alcohol en la vía pública.
La decisión de proteger los negocios con ese sello de calidad no es nueva. Hace un año, el Partido Popular consiguió que el resto de fuerzas con representación institucional apoyara una moción para incluir esa declaración en la tramitación administrativa enfocada a eliminar la Zona Acústicamente Saturada (ZAS). El compromiso, recogido en un acuerdo de tres puntos, estableció además la necesidad de crear una mesa de negociación de la que formen parte los hosteleros, las formaciones políticas y los vecinos al objeto de buscar una solución consensuada.
Fuentes municipales aseguran a este diario que cualquier medida que se tome en ese sentido siempre va a ir de la mano de los propietarios de las tascas. De ahí que en próximas fechas esté prevista una reunión para analizar la situación y trasladar la intención de avanzar con la custodia de los locales.
Desde la asociación que aglutina los distintos negocios existe una manifiesta voluntad por sentarse a hablar con el nuevo ejecutivo. Esa predisposición busca mantener la fluidez que caracterizó las relaciones con el anterior equipo de gobierno y que permitió iniciar el procedimiento para suprimir la ZAS después de realizar una monitorización durante un año.
Los resultados obtenidos acreditaron una disminución de la contaminación acústica, con la salvedad del sonómetro ubicado en la esquina con el Casino Antiguo. Los indicadores de esa estación suscitaron dudas y reparos en la Conselleria de Transición Ecológica. No obstante, la propia administración autonómica precisó que carece de competencia en la materia al ser de ámbito municipal.
Sin embargo, el verdadero contratiempo para aliviar las medidas correctoras de las tascas surgió a principios de año, cuando la Fiscalía notificó al Ayuntamiento el 17 de enero de 2023 la apertura de una investigación. Las diligencias se incoaron a raíz de la denuncia de un vecino por el acatamiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSCV) en 2019.
El ministerio público solicitó distinta documentación, que el consistorio entregó un mes después de la comunicación. Los negociados de Seguridad, Actividades y Vía Pública elaboraron informes sobre las actuaciones realizadas. El dossier completó se remitió a finales de febrero, sin que hasta la fecha la Fiscalía haya emitido su valoración. De ese dictamen va a depender la hoja de ruta del PP.