CASTELLÓ. El Acord de Fadrell asume que eliminar la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de las tascas será imposible antes de las elecciones del 28 de mayo. Un mes después de haber entregado toda la documentación requerida, el Ayuntamiento de Castelló sigue sin tener noticias de la Fiscalía Provincial. Esa ausencia de novedades deja en stand by la negociación de la Concejalía de Transición Ecológica con Urbanismo para blindar los negocios de la calle Barracas a través de un modificado en el Plan General.
El Ministerio Público continúa con su investigación y evita ofrecer detalles a pesar del apremio del equipo de gobierno por conocer el resultado, especialmente si la actuación deriva finalmente en una causa penal. El consistorio tuvo constancia del procedimiento el pasado 17 de enero, cuando entró por registró la notificación en la que se comunicó la incoación de las diligencias por la denuncia, presuntamente, de un particular en 2019.
La apertura del oficio desencadenó por parte del tripartito en la elaboración de distintos informes para aportarlos a la Fiscalía, con el propósito de demostrar la correcta gestión municipal desde la implantación de la ZAS en 2010. Uno, elaborado por el departamento de Seguridad. Otro, redactado por el negociado de Actividades. Un tercero confeccionado por Vía Pública.
Los tres expedientes detallan las medidas correctoras impelidas por el Ayuntamiento en los últimos 13 años, sobre todo a partir de 2014 y 2018, ejercicios en los que se actualizaron las restricciones. Una readaptación que ha significado, por ejemplo, el adelanto de la hora límite para consumir alcohol en la vía pública, pasando de las 00.00 horas en 2009 a las 22.30 horas de 2023.
La investigación de la Fiscalía ha trastocado por completo los planes del Fadrell, que se había propuesto suprimir la ZAS en la recta final de la legislatura. La decisión estaba tomada desde junio de 2022 tras constatarse los prometedores resultados de la monitorización encargada a una empresa externa. Al acreditarse niveles considerados óptimos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se inició el expediente para modificar la figura legal de las tascas.
La tramitación acarreó una exposición pública a fin de facilitar alegaciones a los interesados. Asimismo, se comunicó a la Conselleria de Transición Ecológica, cualificada en materia de ruido en la Comunitat, la decisión de cancelar la Zona Acústicamente Saturada. Aquí surgió el primer contratiempo, ya que la administración autonómica rechazó hasta en dos ocasiones los informes remitidos por el Ayuntamiento. Eso sí, advirtió en todo momento que la competencia en este asunto recae única y exclusivamente en el municipio.
La Generalitat puso varios reparos a la decisión del ejecutivo local. Por un lado, cuestionó el periodo durante el cual se habían realizado las mediciones (en plena pandemia). Por otro, alertó sobre la inexistencia de una normativa específica que recoja la singularidad de las tascas. Esta última objeción llevó al tripartito a abordar con los técnicos municipales la necesidad de encontrar una fórmula legal. Las dos opciones más factibles obedecieron a un cambio de la ordenanza, que se descartó casi de inmediato por dilatarse en el tiempo [la tramitación]; o a la incorporación de un anexo en el Plan General, alternativa que ganó fuerza con el paso de las semanas, hasta que afloró el revés de la Fiscalía.