Todos los concejales de la corporación firman el documento, repudiado por la oposición hace cuatro años, cuando el PSPV lo suavizó para sortear las responsabilidades por imputaciones. Anteriormente, en 2015, el Partido Socialista, EU y Bloc habían logrado endurecer el reglamento disciplinario del Ayuntamiento de Castelló a raíz de la investigación al entonces alcalde, Alfonso Bataller (PP), por la trama Gürtel.
CASTELLÓ. El gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló se siente "cómodo" con el código ético del Acord de Fadrell que rechazó en 2019, estando entonces en la oposición, y descarta ahora modificarlo "salvo que lo pida algún grupo", asegura el portavoz del ejecutivo municipal, Vicent Sales. "No es una de nuestras prioridades en estos momentos. Además, el contexto ha cambiado", agrega el concejal popular.
Los 27 concejales de la nueva corporación ya han firmado el reglamento, el que prevalece en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y que generó controversia hace algo menos de cuatro años. En el último pleno de 2019, celebrado el 19 de diciembre, la alcaldesa, Amparo Marco, logró suavizar el régimen disciplinario existente hasta ese momento para adherirse al citado documento de la FEMP, que sorteaba las responsabilidades ante los posibles casos de corrupción e imputación.
Tanto el PP como Ciudadanos y Vox votaron en contra al entender que el cambio no surgía del consenso, como sí había ocurrido el 24 de marzo de 2015, cuando la totalidad de los partidos con representación institucional aprobaron endurecer el código. Esa modificación, a instancias de Esquerra Unida, Bloc y el propio PSPV, se planteó a raíz de la investigación abierta al alcalde, Alfonso Bataller (PP), por una presunta contratación con la firma Orange Market, de la Gürtel, en 2007 siendo subsecretario de Sanidad. Una imputación de la que fue absoluto ocho años después.
En 2019, la actual primera munícipe, Begoña Carrasco, se mostró muy crítica con la propuesta de Marco y advirtió que detrás de la medida se escondía un blindaje judicial del equipo de gobierno por las tascas. La líder del PP señaló que "si las reglas del juego eran buenas antes, ahora también", en alusión al consenso alcanzado en 2015.
"Exigimos ejemplaridad y lealtad institucional. Desde el PP recordamos que el Código de Buen Gobierno salió adelante con el apoyo y la unanimidad de todos los grupos políticos presentes, a pesar de que nosotros teníamos en aquel momento las responsabilidades de gobierno y éramos los grandes perjudicados por esta norma", añadió.
Al mismo tiempo, fuentes populares subrayaron a este diario que "está claro que habrá personas [concejales] más interesadas en modificar el reglamento que otras. No tendrán las mismas prisas en Compromís, que sufrió las consecuencias en sus propias carnes (caso Brancal) que el PSPV, al que le urge más que nunca el cambio desde que José Benlloch [alcalde de Vila-real] está investigado por las tascas".
Lo cierto es que la aceptación del documento de la FEMP también suscitó cierta polémica en el seno del Fadrell. La formación valencianista abogó más por adherirse al código ético de la Generalitat Valenciana, como así había sugerido Ciudadanos, pero finalmente se alineó con sus socios de gobierno por "coherencia".
En aquel pleno del 19 de diciembre, el PP, Cs y Vox no solo exhibieron su rechazo al nuevo reglamento, sino además avanzaron que no lo firmarían. Tanto es así que, en las intervenciones de sus portavoces, avisaron que, sin reconocer el texto "impuesto" de la Federación Española de Municipios y Provincias, solo se someterían al código penal como régimen disciplinario interno.
Más de año y medio después, en octubre de 2021, Ciudadanos dio un paso más y visibilizó su disconformidad con la negativa de la nueva concejala, Mari Cielo Leirós, a refrendar el texto de la FEMP. Marco previno que "no suscribir el código ético vaciaría de contenido los plenos municipales". Una exhortación que no alteró la forma de pensar de los regidores de la oposición.