CASTELLÓ. El código ético vuelve a enfrentar al Acord de Fadrell y a la oposición en el Ayuntamiento de Castelló. La toma de posesión de Mari Cielo Leiros este jueves como nueva concejala de Ciudadanos, en sustitución del exportavoz naranja, Alejandro Marín-Buck, recupera la porfía que marcó la aprobación del texto disciplinario en diciembre de 2019. La edil, a instancias de su partido, descarta adherirse al documento, a pesar del ofrecimiento realizado desde el equipo de gobierno. Al tratarse de una decisión de carácter voluntario, la munícipe se remite a la postura que tomó su formación en aquella controvertida sesión para esquivar el compromiso.
En efecto, casi dos años después, los grupos de la oposición se siguen identificando más con la anterior normativa que con la actual. Primero, porque la suscribieron los 27 regidores por unanimidad cuando se constituyó la corporación después de las elecciones municipales de mayo. Segundo, porque la consideran mucho más fiscalizadora, ya que el presente texto (copia y pega del escrito de la Federación Española de Municipios y Provincias) ni siquiera aborda los supuestos de corrupción.
El cambio del código de buen gobierno estuvo envuelo en la polémica. Más allá de mostrar el PP, Cs y Vox su desaprobación, Compromís exhibió cierta reticencias con la propuesta defendida desde el primer momento por el principal socio del ejecutivo, el PSPV. Esas reservas resultaron más que evidentes cuando el partido liberal planteó incorporar el texto del Botànic, una alternativa que contó con el apoyo de la derecha y extremaderecha.
"Desde nuestro punto de vista hemos perdido una oportunidad de conseguir un nuevo código de buen gobierno por unanimidad. El hecho está en que si toda la derecha estaba de acuerdo con la postura del código de la Generalitat, si el Acord de Fadrell hubiera hecho esa apuesta, que nosotros [Compromís] veíamos con buenos ojos, hubiésemos terminado con una polémica que no beneficia a nadie", señaló el portavoz de la formación valencianista, Ignasi Garcia, al término de la comisión de Gobierno Interior para abordar la cuestión.
El sufragio previo para elevar una propuesta al pleno se resolvió in extremis. Las dos rondas de votación acabaron con un empate técnico debido a la abstención de Compromís. El presidente, el socialista David Donate, tuvo que hacer uso de su voto de calidad al objeto de desequilibrar la balanza. Tras ese resultado, el propio Garcia ya avanzó que, por lealtad institucional y "coherencia", su partido apoyaría al PSPV y Podem-EUPV en la convocatoria plenaria con vistas a incorporar el régimen disciplinario de la FEMP.
A pesar de hacer valer el Fadrell su mayoría con el nuevo código ético, lo cierto es que se puso de manifiesto la división interna en el seno de la corporación. No en vano, en los días posteriores los concejales de la oposición criticaron la actitud del tripartito, especialmente del PSPV, al "imponer" un régimen disciplinario que, a diferencia de los precedentes, brotó de la fragmentación.
Con todo, Leiros coge el testito de Marín-Buck, quien el pasado 6 de septiembre comunicó en rueda de prensa su decisión de renunciar al acta de concejal por motivos profesionales. El anuncio supuso el enésimo terremo dentro de Cs, teniendo en cuenta que unos meses antes, en mayo, Paula Archelós había provocado una crisis con su marcha al grupo de no adscritos. Con la toma de posesión de la nueva edil, la formación naranja confía en recuperar su estabilidad.