El PP y Cs sospechan que la urgencia por cambiar el código ético oculta el blindaje judicial por las tascas

CASTELLÓ. El PP y Ciudadanos sospechan que la urgencia del Acord de Fadrell por revisar el código ético esconde un blindaje judicial ante las tascas. Ambos partidos, al igual que Vox, desconocen la existencia del borrador que maneja el equipo de gobierno y advierten que "si las reglas del juego eran buenas antes, ahora también", en alusión a la premura del PSPV y Compromís en abril de 2015 (entonces en la oposición) por indurar el reglamento al incorporar un anexo sobre "medidas a adoptar en caso de imputaciones formales a miembros de la corporación municipal". 

El Grupo Municipal Popular va más allá y augura en Castelló una réplica del conflicto procesal que salpica al alcalde de Vila-real, José Benlloch. "Está claro que habrá personas [concejales] más interesadas en modificar el código que otras. No tendrán las mismas prisas en Compromís, que sufrió las consecuencias en sus propias carnes (caso Brancal) que el PSPV, al que le urge más que nunca el cambio desde que Benlloch está investigado por las tascas".

"Seguramente lo que pasa es que tienen miedo de algo o son conscientes de que han hecho algo mal, y eso puede tener un recorrido legal con sus responsabilidades políticas", añaden las mismas fuentes.

El PP solo aceptaría adherirse al Código de Buen Gobierno (CBG) de la Federación de Municipios y Provincias (FEM), en definitiva el que plantea el tripartito, siempre que "se creara una comisión de trabajo y la aprobación se produjera por unanimidad. Nos parecería un escándalo que el equipo de gobierno hiciera valer su mayoría sin contar con el resto".

Para el portavoz de Ciudadanos, Alejandro Marín-Buck, "no puede ser que cuando se está en la oposición se exija lo que son incapaces de cumplir en el gobierno y quieran cambiar las normas a su imagen y semejanza".

Caso Gürtel

En este contexto, el edil de la formación naranja recuerda que "fueron los miembros del Fadrell los que pidieron endurecer el código ético cuando estaban en la oposición y quizá entonces querían sacar rédito político de su paso de la Gürtel por Castelló. Ahora que se ven ellos con el agua al cuello, ¿quieren volver al pasado? Eso se llama cinismo o cara dura".

El equipo de gobierno, integrado por el PSPV-PSOE, Compromís y Podem-EU, lleva varias semanas trabajando en la redacción del nuevo precepto referido al comportamiento y conducta internos de la corporación. La aceptación del CBG de la FEMP forma parte de las obligaciones adquiridas en el Acord de Fadrell.

La nueva norma democrática, como principal novedad, esquiva los casos de corrupción. Al no considerar ni siquiera las investigaciones formales a los munícipes, como sí recoge el reglamento vigente en el consistorio, cualquier proceso judicial que en el futuro afectara a algún regidor no obligaría a adoptar medidas disciplinarias.

La amenaza de los empresarios de las tascas, decididos a llevar al Ayuntamiento de Castelló ante la Fiscalía, vislumbra un escenario incierto por un posible delito de prevaricación.