El Consell mantiene la incógnita de Borrull: sin una decisión sobre el uso a dos meses de acabar la obra 

CASTELLÓ. El Consell mantiene la incógnita sobre el uso definitivo de Borrull a dos meses para que concluya la reforma integral del edificio. Si bien desde la Generalitat Valenciana se barajan distintas posibilidades, en función de las necesidades organizativas de varias Consellerias, lo cierto es que todavía no hay una decisión tomada al respecto. Fuentes consultadas ni siquiera aclaran si finalmente el Ayuntamiento de Castelló dispondrá de espacios.

Siempre que la empresa adjudicataria, el Grupo Ortiz, no solicite una tercera ampliación, la recepción de las obras se producirá el 20 de diciembre. Esa es la fecha que figura en la última modificación del contrato de ejecución después de que Patrimonio aceptara en julio la petición de la empresa de alargar en hasta cinco meses los trabajos de rehabilitación.

Según el proyecto de remodelación de Borrull, la totalidad del inmueble debería destinarse a albergar los distintos departamentos autonómicos de Bienestar Social, que en la actualidad se encuentran diseminados por toda la ciudad. Así lo pactó Hacienda, propietaria de la construcción, con la Conselleria dirigida entonces por Mónica Oltra. Ese acuerdo, plasmado y recogido en los documentos asociados al expediente de licitación, generó cierta controversia, ya que hasta ese momento el mensaje político de un lado de la administración (Presidencia) y del otro (Alcaldía) recalcó lo imperativo de compartir habitáculos para centralizar los servicios.

Sin un pronunciamiento del nuevo gobierno

Con el cambio de gobierno, tanto en el Consell como el Ayuntamiento, se ha eludido desde el primer instante esclarecer el destino final de Borrull, que representa la mayor inversión del Gobierno valenciano de las últimas legislaturas. Tras los últimos cambios en el reseñado contrato de ejecución, la inversión alcanza los 17,2 millones de euros.

Esa cantidad, que podría ser mayor, aumenta un 18,58% el presupuesto de adjudicación. Dicho de otra manera, el coste total de la obra civil se incrementará en al menos 2,6 millones respecto a lo firmado en abril de 2021, cuando se formalizó el contrato. En este punto, cabe señalar que el valor estimado del proyecto rondó los 18,1 millones de euros (impuestos incluidos).

Cronología desde la adjudicación del contrato

El Grupo Ortiz, a través de la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida con Condisa, ganó la licitación en febrero de 2021. Se impuso a las otras 12 postulantes (entre ellas, la castellonense Becsa) al rebajar ostensiblemente esa estimación de 18,1 millones. La compañía madrileña presentó una oferta de 14,9 millones de euros (sin IVA). 

El 20 de mayo, firmó el acta de comprobación del replanteo, lo que conllevó el inicio de la ejecución de 22 meses. En fecha 1 de marzo 2023, la concesionaria remitió escrito de solicitud de una primera ampliación del plazo por cuatro meses. Para ello, alegó la aparición de circunstancias imprevistas. El 19 de junio del mismo año, el Grupo Ortiz remitió un segundo escrito en los mismos términos que el anterior para obtener un mayor margen. La nueva data se fijó para el próximo 20 de diciembre. Hasta la fecha, no han vuelto a materializarse más cambios.