La desescalada eleva las urgencias para convertir el viejo edificio de Borrull en la nueva sede municipal

CASTELLÓ. La centralización eventual de atención ciudadana en el Palau de la Festa por la covid-19 saca del cajón el sempiterno debate sobre la funcionalidad de las dependencias municipales. Las limitaciones espaciales de inmuebles como la casa consistorial, donde se concentra el grueso de los 1.500 funcionarios, condiciona la operatividad de muchos departamentos.

No es un problema nuevo. Viene de atrás. Incluso de antes de 2015, cuando se produjo el cambio de signo político en el ejecutivo local. Sin embargo, la crisis sanitaria acentúa una carencia que eleva las urgencias para convertir el edificio de Borrull en un apéndice del Ayuntamiento de Castelló, a partir del cual el Acord de Fadrell impele la reorganización interna de las secciones administrativas.

El bloque de los antiguos juzgados prevé albergar en un futuro la delegación de Servicios Sociales, un área esencial en estos momentos ante la emergencia derivada por la pandemia. El traslado de una negociado tan amplio en personal, y de gran afluencia de público, tendrá consecuencias directas sobre el resto de departamentos, lo que permitirá acometer ese reajuste redistributivo para mejorar tanto las condiciones de trabajo como reforzar la eficacia de los servicios.

El proyecto de 2016

En 2016, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, abogaba por otorgar a Borrull un protagonismo estelar al aglutinar las secciones enfocadas a atención ciudadana. Su propuesta también contemplaba la mudanza de los grupos políticos. Todo para transformar el vetusto consistorio de la plaza Mayor en un edificio eminentemente institucional, celebrando solo aquellos actos de mayor solemnidad para la ciudad, además de los plenos.

Ese planteamiento inicial evolucionó con el paso de los años hasta llegar al proyecto actual, que cifra la reforma integral en 16,8 millones de euros, con un plazo de ejecución de 22 meses. Según el primer borrador del presupuesto municipal de 2020, se garantizaba el inicio de las obras a finales de año con una consignación de 1,2 millones de euros.

No obstante, el coronavirus deja la rehabilitación en stand-by, a pesar de que la nueva coyuntura por la pandemia evidencia la necesidad de disponer de dependencias municipales más modernas, amplias y polivalentes. La mejor prueba de ello es la decisión de derivar gran parte de las secciones administrativas al Palau de la Festa.

A partir de mitad de junio alrededor de 30 puestos atenderán diariamente a los residentes, siempre bajo cita previa. Los servicios habilitados serán atención ciudadana integrada (10 mesas), consumo (tres), sanidad (una), comercio y mercados (dos), orientación laboral (cuatro), urbanismo (cuatro), vivienda (dos), atención tributaria (cuatro) y servicios varios (otros cuatro).