La regularización de la Oficina de Recaudación se le atraganta al Fadrell: nuevos ajustes en el contrato

CASTELLÓ. Al Acord de Fadrell se le atraganta el nuevo expediente para regularizar la Oficina Municipal de Recaudación, cuya gestión permanece fuera de contrato desde 2016, cuando la anterior concesionaria, Servicios de Colaboración Integral (SIC), finalizó su vinculación contractual. El Tribunal Administrativo Central (TAC) estima parcialmente el recurso presentado por la empresa Gestión de Tributos y Recaudación Tributaria (Getyr), una de las concurrentes en la licitación, lo que obliga al Ayuntamiento de Castelló a modificar el pliego de prescripciones técnicas y administrativas. Esto supone un contratiempo a propósito de la baremación, ya que resulta imperativo revaluar las ofertas al anularse varias de las cláusulas.

En concreto, los artículos que desaparecen de las bases obedecen a los criterios tecnológicos, tanto respecto al software y los programas informáticos necesarios para la prestación como a la experiencia y conocimientos del personal. Getyr había denunciado "trato de favor" hacia la antigua adjudicataria (la otra postulante) al solicitar como requisito (y puntuable) unas características concretas acerca de las aplicaciones. Según la denunciante, esa condición vulneraba la libre competencia y resultaba "restrictiva".

El servicio de recaudación de impuestos se trata de uno de los Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (Recs) que el equipo de gobierno arrastra desde la pasada legislatura. Al año de arrancar el primer mandato de la alianza de izquierdas (2015-2019), la última prórroga del contrato expiró, con lo que hubo que garantizar la gestión de la oficina a través del pago mensual de facturas. Una práctica legal pero desaconsejada por la Sindicatura de Cuentas, que acarre incluso los reparos de Intervención, por ejemplo.

Se aprueba el expediente

A mediados de abril de 2022, la Junta de Gobierno Local decidió poner fin a esta situación tras aprobar un nuevo expediente para normalizar la prestación. Un mes después, Gestión de Tributos y Recaudación Tributaria elevó un recurso ante el TAC para solicitar la anulación del procedimiento por el incumplimiento de los principios de "tratamiento no discriminatorio". El órgano administrativo decretó la suspensión cautelar, sin afectar al plazo de presentación de ofertas, concurriendo dos mercantiles, las citadas.

Este lunes la plataforma de contratación publicó la resolución definitiva del Tribunal Administrativo, que da en parte la razón a Getyr, por lo que la culminación de la licitación tardará más tiempo del previsto. Contra el fallo cabe interponer un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El contrato tiene un valor estimado de 1,9 millones de euros, cantidad que el Ayuntamiento espera recaudar en un año. Sin embargo, contempla una prórroga de 12 meses, por lo que la cifra total asciende a 3,5 millones de euros. Entre las contribuciones objeto de la prestación destacan el IBI, la tasa de basuras o el impuesto de circulación. Además, la prestación contempla el cobro de multas y de cualquier recurso que constituya fuente de financiación para la Hacienda Municipal.