Un recurso paraliza la licitación de la Oficina Municipal de Recaudación por "trato de favor"

CASTELLÓ. Un recurso especial paraliza el procedimiento para normalizar la Oficina de Recaudación Municipal. El Tribunal Administrativo Central (TAC) estima la impugnación presentada por la firma Gestión de Tributos y Recaudación Tributaria (Getyr) y acuerda la suspensión de la licitación a la espera de decretar una resolución. La empresa malagueña denuncia que el pliego de prescripciones técnicas resulta "contrario a derecho y dificulta la concurrencia de los posibles licitadores". Incluso, va más allá y advierte que existe "trato de favor" a la anterior concesionaria, Servicios de Colaboración Integral (SIC).

En su amplia exposición para justificar la alegación (20 páginas), Getyr señala que SIC parte con ventaja en el concurso al disponer de los certificados específicos que se solicitan en las bases para lograr la adjudicación, lo que vulnera "la libre concurrencia de otros licitadores". En este sentido, advierte que la identificación y categorización de las actividades económicas susceptibles de ser contratadas limitan las posibilidades de participar de otras concurrentes. Por ejemplo, de la propia recurrente pese a considerarse una mercantil "cuyo objeto social comprende los servicios licitados con experiencia en contratos de recaudación".

La empresa malagueña alerta al TAC que la redacción del expediente incumple los principios de "tratamiento no discriminatorio y transparencia". Como consecuencia, la licitación resulta "restrictiva", según subraya. Asimismo, considera que los criterios contemplados para aportar los recursos humanos necesarios (un mínimo de 20 personas) dejan en clara inferioridad al resto de postulantes con respecto a Servicios de Colaboración Integral. De hecho, obligan a subrogar a la actual plantilla. 

"Claramente estas exigencias tan restrictivas (personal con experiencia específica y  aplicaciones informáticas determinadas) desembocan en un claro perjuicio [...], ya que para contar con dicho personal tendría que subrogar a los trabajadores que están actualmente en SCI con los costes que ello conllevaría, al asumir una antigüedad. Dicho de otro modo, estas exigencias conllevan una necesaria obligación  de subrogación implícita. Por ello entendemos que la referida licitación establece de manera premeditada unas barreras anticompetitivas", prosigue en su argumentación Getyr.

División por lotes

Por último, la recurrente entiende que la decisión de no dividir en lotes el expediente no está justificada, incumpliendo lo que establece la ley de contratos públicos. En vista de las características de la prestación, consistente en recaudar los impuestos del Ayuntamiento de Castelló (tasa de basuras, IBI, etcétera), cree que el servicio de asesoría de atención al contribuyente, así como el mantenimiento, desarrollos de software e integraciones informáticas deben desvincularse del principal objeto del contrato.

La anterior concesión de la Oficina de Recaudación Municipal concluyó en 2016. Esto significa que el Ayuntamiento de Castelló garantiza el servicio desde hace seis años mediante el pago de lo que se conoce como Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (Rec). Se trata de facturas fuera de la vinculación contractual, que se abonan mensualmente a la antigua adjudicataria para evitar la interrupción de la prestación. En este caso concreto, de especial importancia para el consistorio, ya que el cobro de los impuestos de ámbito local inyecta de liquidez las arcas municipales con vistas a hacer frente a gastos ordinarios.

Para regularizar la gestión de la citada oficina, el consistorio impelió en abril el concurso público. El contrato tiene una duración de un año con una previsión de ingresos cercana a los dos millones. Al contemplarse una prórroga de 12 meses, el valor estimado supera los 3,5 millones de euros.