CASTELLÓ. Los constructores de Castellón creen que la entrada en vigor del nuevo decreto que regula el régimen jurídico de las viviendas de protección pública (VPP) de la Comunitat Valenciana será un impulso para que el sector empiece a edificar pisos sociales. "Ahora los números cuadran", afirma el David Ruiz, presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Castellón (Apecc).
La normativa, que entró en vigor la semana pasada, ha introducido un sistema de fijación de los precios máximos de venta a través de un 'módulo dinámico' que tiene en cuenta diversos factores para fijar el precio de venta. En la práctica, esto supone que el metro cuadrado de vivienda protegida pasa de un tope de 2.200 euros a 2.400. El aumento del precio de venta era una de las principales reivindicaciones del sector para impulsar esta tipología de vivienda.
"El decreto es positivo porque actualiza al alza el precio del módulo y si hay suelo pero el módulo no es viable económicamente, el suelo se queda paralizado; Ahora los números cuadran y puede ser un impulso a la construcción", sostiene Ruiz que augura un aumento de la actividad con el nuevo texto.
Desde el Consell han explicado que la fijación del precio máximo a través de este nuevo sistema hará que se ajuste en cada municipio "de acuerdo con la evolución de los precios de mercado de la vivienda libre de nueva construcción, la presión demográfica y la evolución de las rentas medias, manteniéndose siempre por debajo de los precios de mercado".
Desde la Apecc recuerdan que las condiciones anteriores para edificar vivienda protegida hacían los proyectos inviables económicamente. Cabe recordar, por ejemplo, que el concurso para construir 121 pisos públicos para jóvenes en la zona de Censal de Castelló se quedó desierto en hasta dos ocasiones. También se considera inviable el proyecto Viena impulsado por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que ha sacado a concurso la cesión a 80 años de medio centenar de suelos de su 'cartera' en toda España para que empresas constructoras puedan edificar y explotar hasta 3.770 pisos de alquiler sostenible. De ellos, únicamente una parcela está en la provincia de Castellón: un solar de 2.980 metros cuadrados en la calle del Río Ter 3, ubicado junto al CEIP Carles Salvador, con una previsión de 99 viviendas. En ambos casos se tratan de proyectos para alquiler social.
El nuevo decreto introduce también cambios en cuanto a ingresos máximos para acceder a una VPP. Según el Consell, el texto adecúa el umbral máximo de ingresos "que garantizará el acceso a viviendas de protección pública a aquellas personas, entre ellas las jóvenes, que quedaban excluidas en muchos supuestos al superar el umbral máximo de ingresos de acuerdo con los requisitos de la regulación anterior".
Para la exconsellera de Vivienda del gobierno del Botànic, María José Salvador, este cambio "dificulta el derecho a acceder a una vivienda de aquellas personas que más lo necesitan". A través de la red social X, Salvador criticó que el nuevo decreto "se sitúa en las antípodas de garantizar ese derecho". Además, también denunció otra de las novedades de la nueva regulación al considerar que se trata de abrir una "puerta grande a la especulación con la VPP".
En concreto, se trata de la eliminación de la calificación permanente como vivienda protegida. El nuevo decreto fija un plazo de 30 años para VPP general, 20 años para VPP construida en suelo 'libre' y 15 años para las VPP destinadas a jóvenes. Pasado ese tiempo, los inmuebles perderán la catalogación y podrán venderse como vivienda libre.
El de la VPP destinada a jóvenes es otro de los cambios del nuevo decreto. El texto introduce un tipo de vivienda de protección de máximo 60 metros cuadrados para menores de 35 años o familias monoparentales, en lugar de los 90 m2 de la VPP en régimen general. Para la Apecc, esta es otra de las medidas que puede impulsar este tipo de construcción y dar una alternativa a las personas jóvenes.