CASTELLÓ. La redistribución de competencias que plantea el PSPV-PSOE para solucionar la crisis con Compromís no es una práctica nueva en el Ayuntamiento de Castelló desde que gobierna una alianza progresista. En la anterior legislatura, el acuñado Pacte del Grau materializó hasta cinco cambios. Eso sí, a diferencia del actual escenario, siempre como consecuencia de dimisiones o renuncias de regidores.
La primera reestructuración de concejalías se produjo el 19 de enero de 2016 con el abandono de la socialista Carmen Oliver por motivos personales. Hasta ese momento se ocupaba de Fiestas, Mayores y ostentaba la tenencia de alcaldía del Distrito Centro. Sara Usó pasó a asumir la primera cartera; su sustituta en la lista (Mary Carmen Ribera) aceptó la segunda, además de Salud Pública y Consumo; mientras que Antonio Lorenzo se encargó del mentado Distrito Centro.
La segunda reorganización de áreas en el equipo de gobierno coincidió meses después con la marcha del vicealcalde, Enric Nomdedéu (Compromís), quien anunció su designación como secretario autonómico de Empleo el 8 de septiembre. El reajuste de atribuciones sí supuso una verdadera revolución.
Ali Brancal se convirtió en la nueva vicealcaldesa, Verònica Ruiz cogió el testigo de su compañero como portavoz del Gobierno municipal e Ignasi Garcia, que se estrenaba como edil, se erigió en el altavoz de su grupo. También hubo novedades en el PSPV, ya que Lorenzo cedió la portavocía a Rafa Simó.
La tercera renovación interna tuvo como protagonista a la reseñada Usó. El 3 de agosto de 2018 presentaba su renuncia al acta de concejala para dedicarse a la docencia tras aprobar una oposición. Omar Braina, hasta ese momento asesor socialista en la Diputación Provincial, entraba como concejal, ocupándose de las mismas áreas que había dejado su antecesora.
El 9 de enero de 2019 se concretaba la cuarta redistribución de atribuciones con el cese de sus funciones de Brancal por la imputación en el 'caso de los sobres', causa que recientemente ha sido archivada. Garcia ascendía hasta la vicealcaldía, encargándose de la concejalía de Participación Ciudadana, la presidencia de Reciplasa y la representación en el consejo del puerto. Ruiz añadía a su cartera Igualdad y Enric Porcar tomaba el relevo en Vivienda.
Unas semanas más tarde (2 de febrero) el regidor de Gestión Municipal y Seguridad Ciudadana, Antonio Lorenzo, dimitía por la investigación judicial sobre una trama de facturas falsas en la Subdelegación del Gobierno, cuya responsabilidad ostentó entre 2007 y 2011.
Mónica Barabas, número 11 en la candidatura de Amparo Marco, se incorporaba como nueva edil del grupo socialista para encargarse de Gestión Municipal. Braina integraba Seguridad Ciudadana.
Todos los cambios se originaron a partir de decisiones personales de los regidores, nunca por una crisis de gobierno, como ocurre ahora. Aunque el Pacte del Grau vivió situaciones complicadas, siempre mantuvo la disciplina pese a las presiones de Castelló en Moviment como socio del bipartito, compuesto por el PSPV y Compromís.
