La tránsfuga de Cs en Castelló abandonó el partido poco después de apoyar el pacto antitransfuguismo

CASTELLÓ. La tránsfuga de Ciudadanos, Paula Archelós, abandonó el partido liberal poco después de apoyar una declaración institucional que el Ayuntamiento de Castelló aprobó para potenciar el pacto antitransfuguismo. La edil secundó la iniciativa avalada por los seis grupos municipales (PSPV, Compromís, Podem-EUPV, PP, Cs y Vox) en el pleno ordinario de marzo, que se celebró el 25, es decir, menos de un mes y medio antes de solicitar su baja de Cs para pasar al grupo de no adscritos (lo hizo el 7 de mayo).

La propuesta, además de "garantizar la estabilidad de las administraciones", condenó la "deslealtad política" de aquellos concejales díscolos, que "ultrajan la voluntad de los ciudadanos". En la amplia parte  expositiva, los 27 concejales que componen la corporación mostraron su firme compromiso "de continuar combatiendo el transfuguismo en todas las esferas institucionales por considerar que se trata de una forma de corrupción y una práctica antidemocrática". En este sentido, se instó a rechazar cualquier conducta motivada por un interés de "carácter personal", ya que este "fenómeno [...] debe ser atajado para defender las bases de la democracia, reforzando las obligaciones, "colectivamente acordadas, para evitar situaciones manifiestamente reprobables".

La declaración institucional se aprobó en plena crisis de la formación naranja, sumida en un terremoto político en la Comunitat Valenciana a raíz de la renuncia de su líder, Toni Cantó, el 15 de marzo. Ese seísmo tuvo su réplica en la provincia de Castellón apenas unos días más tarde con la baja del único regidor de Cs en Les Alqueries, Francisco Vicent.

Ambos cargaron contra la dirección nacional por sus últimas decisiones (como hizo este miércoles la histórica Sandra Julià), razonamiento que compartió Archelós el pasado viernes al anunciar su marcha. Sin embargo, la regidora fue más allá y apuntó directamente al secretario autonómico de Organización, Jesús Gimeno, y a la coordinadora provincial, Cristina Fernández, como responsables de la depresión orgánica. "Son perfiles que nos retrotraen a lo peor de la vieja política, las cuales no representan en absoluto los valores morales ni principios éticos que me identifican", aseveró.

El futuro de la tránsfuga en el Ayuntamiento de Castelló se resolverá en las próximas semanas. Fuentes municipales aseguran que todavía no hay fecha para celebrar una junta de portavoces, aunque también cabe la posibilidad de que el tema se aborde en la convocatoria ordinaria del 24 de mayo o incluso en la del 27, en la que se celebrará posteriormente la sesión plenaria.

El precedente de Calles

Hay que retroceder en el tiempo para encontrar el último episodio de un edil díscolo. En 2014, Juan María Calles dejó las filas del PSPV para incorporarse al grupo de no adscritos. Como ahora, el partido con el que concurrió a las elecciones municipales (el PSPV) le reclamó el acta de concejal. También como ahora, el munícipe se negó. Hubo que encargar un informe a la secretaria municipal para aclarar su situación jurídica y económica dentro de la corporación. El escrito recogió, en su planteamiento legal, el artículo 30 del reglamento orgánico del pleno, que subraya la imposibilidad de que un regidor levantisco pueda mejorar su condición respecto a la que tenía en su partido de origen.

Al respecto, el régimen ético que prevalece para los concejales desde diciembre de 2019 señala que "los cargos electos respetarán la voluntad de la ciudadanía y actuarán con lealtad política, comprometiéndose a asumir el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales". En efecto, se trata de un extracto del reglamento de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), al que se adhirió el consistorio gracias la mayoría del Acord de Fadrell.