VALÈNCIA. Mónica Oltra tiene ante sí un nuevo panorama judicial tras ser imputada por obstaculizar la investigación de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, con sospechas de ocultación y encubrimiento. La hasta hace pocas horas vicepresidenta del Consell ha dejado todos sus cargos institucionales y también su acta en Les Corts Valencianes, lo que significa que deja de estar aforada.
Con esta decisión, la evolución de la causa vuelve a dar un giro. La investigación se inició el año pasado por parte del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia y afectaba, en su inicio, a varios cargos de la Conselleria de Igualdad. En octubre, el magistrado decidía el sobreseimiento provisional de las actuaciones "por no haber quedado acreditada la perpetración del delito".
Sin embargo, la Audiencia Provincial ordenó reabrirla y el juez tomó declaración a hasta 13 funcionarios de Igualdad en calidad de imputados. Después de los interrogatorios, llegó un momento en el Oltra debía ser llamada a declarar como investigada para "ser oída". Dada su condición de aforada, el juez elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) porque entendía que existían "hechos presuntamente delictivos" atribuidos a ella y al resto de funcionarios.
En el escrito, el magistrado criticaba el intento por parte de la Conselleria y del centro de desacreditar a la menor; cargaba contra el expediente abierto por el departamento "carente de todo sentido" cuando ya había una causa judicial en marcha; y acusaba a todos los cargos de ocultar los abusos. Tras el pronunciamiento, con mayor dureza, de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, el TSJCV imputaba a Oltra al entender que trató de proteger su carrera política y a quien fuera su pareja. Estaba citada el próximo 6 de julio.
Ahora, con la pérdida del aforamiento, lo más probable es que la causa vuelva al juzgado. Existen precedentes de lo contrario, como el caso de la expresidenta de Les Corts Milagrosa Martínez. Sin embargo, la instrucción se encontraba mucho más avanzada que la de Oltra y la acusada estaba a las puertas del juicio. La ya exconsellera de Igualdad ni siquiera ha ido todavía a declarar.
Lo habitual sería que el TSJCV se dirigiera próximamente al Parlamento autonómico para que acrediten que Oltra ha renunciado al escaño. A continuación, comunicaría que deja de ser competente para investigarla y la causa regresaría en su totalidad al juzgado de Instrucción número 15. Al frente de éste se encuentra Vicente Ríos, un magistrado meticuloso, conocido por sus exhaustivos interrogatorios, con amplia experiencia en la instrucción y al frente de conocidas investigaciones como el caso Emarsa o el caso IVEX.
Los tiempos a partir de ahora resultarán claves. El juez es un pleno conocedor de la causa, a diferencia de la sala del TSJCV, que ha tenido que empezar a estudiarla recientemente. Aun así, la instrucción cuenta en ocasiones con algunas dilaciones y esta tiene una especial trascendencia política. La cita de Oltra para declarar el 6 de julio tendrá que cambiarse a una nueva fecha y el interrogatorio habrá de ser muy pormenorizado. Después, el magistrado podrá decidir nuevas diligencias.
Con este nuevo panorama, uno de los grandes interrogantes es tanto qué ocurrirá con ella como cuándo. Algo que puede condicionar muchas decisiones en Compromís y de la propia Oltra. El mejor de los escenarios sería, lógicamente, una absolución antes de las elecciones autonómicas del próximo año. Hay muchos que desearían que saliera indemne para que protagonizara entonces un regreso triunfal. Si eso no sucediera, hay quien apunta a recuperarla para las elecciones generales. En todo caso, cada día en política es un mundo y quedan muchos por delante.