Las consecuencias de volver a licitar el parking de Cardona Vives: subirán las tarifas y los abonos

CASTELLÓ. La nueva licitación del parking de Cardona Vives tiene muchas más consecuencias que el retraso para renovar la concesión. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que obliga a retrotraer el procedimiento a la fase de redacción del pliego de prescripciones técnicas y administrativas, implica modificar casi por completo las estipulaciones. Esos cambios afectan tanto al presupuesto como a los años de la explotación. Incluso, al importe de las tarifas.

El portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, reconoce que ante la imposibilidad de dar validez a la adjudicación del contrato impelido en 2022 resulta imperativo volver a elaborar un estudio económico de explotación para determinar las condiciones. El que sirvió de referencia a fin de diseñar el expediente se ha quedado obsoleto, ya que se redactó en base a la facturación de 2018 y según los precios de los materiales de aquel periodo.

Cambios significativos en las condiciones

Seis años después, con un IPC disparado, salarios más elevados y un aumento de las materias primas, las cifras deben reajustarse de manera ostensible. Ni el presupuesto del nuevo contrato será de 9,3 millones de euros (impuestos incluidos), ni las obras de reforma costarán 2,2 millones de euros, ni la concesión tendrá una duración de 15 años. Tampoco se respetarán, presumiblemente, las tarifas y abonos fijados.

Según las tasas establecidas en 2022, el importe por hora era de 1,71 euros (0,0285 euros el minuto) y los pases oscilaban entre los 35 euros (abono nocturno) y los 85 euros del carné 24 horas de lunes a domingo los 365 días del año. "Ahora las condiciones económicas son diferentes, por lo que tenemos que hacer un nuevo estudio", admite Sales.

El nuevo pliego tardará meses en redactarse, aunque desde el equipo de gobierno se confía en encarrilar la licitación "antes del verano". "La idea es que sea lo más pronto posible", precisa el edil. Los tiempos respecto a la adjudicación dependerán del propio proceso y la posible interposición de recursos por parte de algún licitador.

Los recursos Contencioso-administrativos de Saba

Y es que se ha llegado a la actual situación, con la anulación de la licitación promovida hace dos años, por los Contencioso-administrativos formalizados por la concesionaria, Saba. La empresa catalana, que asume la gestión del subterráneo desde su inauguración en 1975, siempre se opuso a la decisión de la Mesa de Contratación de excluirla del proceso por un error en los sobres a la hora de presentar su oferta. Junto a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Jujosa-BDG, se había postulado para el contrato. Sin embargo, al poco de iniciarse la baremación de las propuestas, resultó eliminada por esa equivocación.

Al quedar una sola concurrente, la citada UTE ganó el concurso, que sufrió varias interrupciones por las reclamaciones de Saba ante el Tribunal Administrativo Central (TAC) y el TSJCV. La nueva gestora nunca llegó a firmar el contrato pese a que el 3 de julio de 2023 la Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación. Ya en ese momento el litigio judicial iniciado por la compañía catalana vislumbraba un futuro incierto a propósito de la explotación. Tanto es así que el Ayuntamiento se ve ahora abocado a empezar casi de cero con la licitación.