CASTELLÓ. Los empresarios de la calle Barracas confían en que la diligencia abierta por la Fiscalía quede en nada para salvar las tascas. El portavoz del colectivo, Ernesto Bou (Tasca Ernesto-La Oficina), admite que el inesperado arbitraje del ministerio público a fin de verificar la reducción del ruido implica, a corto plazo, un contratiempo para que el Ayuntamiento de Castelló elimine la Zona Acústicamente Saturada (ZAS). Sin embargo, señala que el posible archivo supone una oportunidad de futuro al "legitimar" al Acord de Fadrell con vistas a seguir adelante en su idea de rebajar la presión sobre los negocios.
"Es normal que ahora se haya decidido parar lo de la ZAS, pero estoy convencido de que la Fiscalía comprobará que se está actuando bien desde hace años. Los hosteleros estamos cumpliendo con los horarios y con la bajada de decibelios. Nosotros tenemos la conciencia tranquila", asegura.
En este punto, Bou se muestra seguro del "archivo de la investigación", lo que de alguna manera "legitimará al Ayuntamiento para eliminar la ZAS", afirma. "Con una resolución jurídica [del ministerio público], se pondrá además contrarrestar lo que dice la Conselleria de Transición Ecológica", agrega.
El portavoz de las tascas se refiere al informe que desaconseja modificar el marco legal de Barracas, Isaac Peral, Vera, Santa Clara y calle Mayor. El documento cuestiona la validez de las mediciones al realizarse en plena pandemia. Asimismo, pone el foco sobre la estación situada delante del Casino Antiguo, que muestra datos por encima de lo permitido a lo largo de los 12 meses de monitorización.
La diligencia incoada por la Fiscalía, al parecer, tiene relación con la denuncia interpuesta por un vecino en 2019, cuando el equipo de gobierno retocó la ordenanza de convivencia ciudadana para garantizar el consumo de alcohol en vía pública. Ante la prohibición total por el acatamiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), los servicios jurídicos municipales se apoyaron en la figura del velador al objeto de establecer una excepcionalidad acerca de beber en la calle hasta las 22.30 horas. El apaño de urgencia contentó a los empresarios, pero generó malestar entre algunos residentes.
Al respecto, el concejal de Transición Ecológica, Fernando Navarro, reconoce su frustración. "Nuestro objetivo en la gestión de las tascas era buscar un consenso entre el vecindario y las actividades. Queríamos apostar por el acuerdo para evitar que se volviese a judicializar la zona. Incluso en el programa propuesto de la retirada de la ZAS manteníamos medidas potentes para evitar que la contaminación acústica rebrotase. Que las quejas hayan llegado a Fiscalía muestra que no hemos logrado ese consenso", lamenta.
A pesar del contratiempo, el edil comparte la opinión de Bou respecto al sobreseimiento de la investigación, ya que considera que la gestión municipal en este asunto siempre se ha ajustado a la ley, "acatando sin excusas ni atajos las sentencias judiciales", precisa. "Confiamos en que las diligencias previas se archivarán, porque el Pacte del Grau y el Acord de Fadrell hemos tomado medidas decisivas para disminuir el ruido", añade.
El Ayuntamiento de Castelló inició en junio de 2022 el proceso administrativo para cesar la Zona Acústicamente Saturada. La medida se tomó tras constatar la disminución de los decibelios en las tascas, de acuerdo con el estudio realizado por una empresa externa durante un periodo de 12 meses. La aprobación del acuerdo en Junta de Gobierno abrió el periodo de exposición pública para presentar reclamaciones. Finalizado el plazo en agosto, se contabilizaron ocho alegaciones.
A partir de ese momento, los funcionarios analizaron con detenimiento cada uno de los escritos para resolverlos en el menor tiempo posible. En paralelo, se comunicó a la Conselleria de Transición Ecológica la decisión de suprimir la ZAS. En efecto, se buscó el amparo para tener una mayor seguridad jurídica. Contrariamente a lo que esperaba el ejecutivo local, la dirección general de Calidad y Educación Ambiental, con competencia en la materia, emitió un primer informe desfavorable y que el Fadrell recurrió sin éxito.
La segunda respuesta de la administración autonómica, reafirmándose en su postura, significó un inesperado revés al dejar abierta la puerta a un futuro Contencioso-administrativo de un tercero (un vecino afectado, por ejemplo). Los servicios jurídicos del consistorio se pusieron a trabajar en busca de una solución. Y en eso estaban hasta que el pasado 17 de enero entró por registro del Ayuntamiento una notificación de la Fiscalía, anunciando la apertura de la investigación para determinar si las medidas impulsadas durante estos años por el gobierno municipal acreditan una reducción del ruido.